Fiscal no cree aumento de pena disminuya criminalidad

Si así fuera, dijo, en los países que se contempla la pena de muerte no habría criminalidad.

Explica que la criminalidad se debe a múltiples causales.

“No conozco ningún país donde el aumento de la pena solo implique una reducción de la criminalidad, de ser así, en esos países donde hay pena de muerte no existiría la criminalidad, y no es así”, insistió la magistrada.

El nuevo Código contempla un incremento de las penas y se elevó de 30 a 40 años de cárcel la pena máxima. También establece sanciones de 40 años de prisión para quienes cometan feminicidio, y lleva de 20 a 30 años las penas por secuestro e introduce el cúmulo de penas hasta 60 años.

Reynoso cree que así como hay muchas variables que influyen en el aumento del crimen, para enfrentarlo se debe hacer un plan integral, no solo endurecer las sanciones.

La fiscal habló tras sostener un encuentro navideño con periodistas asignados a la fuente judicial.

Preocupa aplazamientos. Reynoso se dijo estar preocupada por los constantes aplazamientos del juicio del caso de sicariato, lavado de activos y tráfico de combustible donde se investiga al exregidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís y el transportista Arsenio Quevedo.

Entiende que el sistema debe ser más rígido con las impertinencias disfrazadas de pedimentos técnicos de los abogados, que solo buscan dilatar procesos y cese de la prisión preventiva.

“Ese es un caso sumamente grave, de una serie de personas que se asociaron para cometer sicariato, lavado de activos provenientes del tráfico de combustible”, recordó la fiscal y admitió su preocupación al igual que los familiares de las víctimas de esa supuesta red, pero afirma que en el caso no puede haber un cese de la prisión, pues los reenvíos han sido provocados por los acusados.

El código procesal establece que la prisión preventiva no puede exceder los 12 meses. En el caso de Quevedo, fue apresado en noviembre del 2015.

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