SANTO DOMINGO. El Ministerio Público junto con los familiares del arquitecto David Rodríguez, quien atribulado por deudas e incumplimientos, se suicidó en el baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), pidió distintas condenas para los acusados de integrar una mafia que se dedicaba a extorsionar a personas favorecidas con la construcción y/o remodelación de escuelas públicas.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) concluyó la presentación de la acusación a los imputados de formar una red mafiosa, y pidió al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer condenas que van entre 6 y 12 años de prisión a Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián, Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez.
El Ministerio Público pidió que De los Santos Soriano, el exdirector de Edificaciones Escolares de la OISOE, sea condenado a 12 años de prisión; Yoel Soriano Fabián, excoordinador del Departamento de Edificaciones Escolares, 8 años de reclusión; y al abogado Pérez Alejo, señalado como “el hombre del maletín” así como Juan Ernesto Romero Pérez, sean condenados a 6 años de cárcel.
Los imputados son acusados de extorsión, estafa, asociación de malhechores, falsificación de escrituras públicas, delito de funcionario, usurpación de funciones y lavado de activos en perjuicio del Estado así como del arquitecto David Rodríguez quien se suicidó en el baño de la OISOE.
Alejandro de los Santos es acusado de usurpación de títulos y funciones para ejercer la profesión de arquitecto, así como de coalición de funcionario, asociación de malhechores, delito de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con sus funciones, la extorsión y el lavado de activos.
En tanto que a Yoel Soriano se le acusa de coalición de funcionario, asociación de malhechores, delito de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con sus funciones y la extorsión.
Mientras que Julio Pérez y Juan Ernesto, son juzgados por asociación de malhechores y extorsión.
El Ministerio Público solicitó, además, el decomiso de algunos inmuebles presuntamente adquiridos con los recursos proveniente de la mafia que operaba en la OISOE.