Advierten sobre entrada masiva de haitianos a territorio dominicano

El presidente del Instituto Duartiano advirtió hoy sobre la amenaza de un eventual ingreso masivo en forma de poblada de nacionales haitianos a la República Dominicana, que podría alcanzar las mayores posibilidades salvo que el Estado dominicano asuma con seriedad y determinación la cuestión migratoria.

Wilson Gómez Ramírez enjuició así las declaraciones que ofreció el jefe en Haití de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Giuseppe Loprete, a la agencia española EFE, señalando que estas revelan que la política de repatriación de los ilegales haitianos ha fracasado.

Gómez Ramírez se expresó en esos términos al ofrecer las palabras de bienvenida de la conferencia magistral “Documentos inéditos de Duarte” organizada en la noche de este martes 14 de enero, y que tuvo como expositor a Antonio Guerra Sánchez, presidente del Patronato del Archivo General de la Nacional (AGN) y fundador de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica (ADGH).

La actividad se llevó a cabo en el auditorio trinitario profesor José Joaquín Pérez Saviñón, ubicado en el segundo nivel de la Casa y Museo de Duarte, en la calle Isabel La Católica número 304, en la Ciudad Colonial, con la asistencia de directivos de esa organización, representantes de entidades culturales públicas y privadas, intelectuales, historiadores, profesores, estudiantes, entre otros.

Gómez Ramírez dijo que “se evidencia que los controles fronterizos son ineficaces, puntualización que han formulado instituciones y personas que han asumido con verdadera preocupación este tema, y que ahora pone de relieve el referido jefe de misión, quien ha afirmado que “… la mayoría de los haitianos, una vez que son expulsados de la República Dominicana, regresan”.

“Creemos que son la mitad –aunque estamos recolectando datos- los que regresan inmediatamente a la República Dominicana, usando otro paso o incluso el mismo. Simplemente, se dan la vuelta”, expresó.

Gómez Ramírez manifestó que le ha llamado la atención la expresión del jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de que en la República de Haití “hay mucho dinero que se gasta en organizar esto, para hacer estas expulsiones legalmente, incluyendo el gasto de la logística, y vuelven en el mismo día”.

Gómez Ramírez expuso que estas aseveraciones de Giuseppe Loprete tienen que cubrir de vergüenza a las autoridades migratorias de ka República Dominicana, las que, sin embargo, contrastan con una situación que mantiene en ascuas a numerosos ciudadanos de nuestro país.

Explicó que todas las veces que ingresan y salen del país son objeto de desplazamientos a apartadas zonas aeroportuarias, para ser interrogadas y retenidas, sencillamente porque sus nombres son coincidentes con el de individuos que son objeto de persecución, cuestión que se puede admitir una vez, empero, no por siempre.

“Las leyes migratorias del país no son aplicadas a la migración ilegal haitiana, las repatriaciones que de cuando en vez se realizan no guardan ninguna proporción razonable con el ingreso permanente y en número apreciable que se produce minuto a minuto, sin que haya una reacción firme”, expuso.

Gómez Ramírez insistió en que hay que cumplir el mandato constitucional establecido en el artículo 10, que se refiere al régimen fronterizo y declara “de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.

Puntualizó que en el numeral 1, esta disposición suprema señala que los poderes públicos están obligados a implementar políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para garantizar el desarrollo de la región fronteriza dominicana.

Dijo que los actuales administradores del Estado dominicano, como los que resulten electos este año para hacer tal gerencia, tienen que plantearse con suma seriedad la situación que se vive en la frontera, y que para ello se requieren recursos de todo tipo, cuestión que estará determinada por la voluntad política.

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