La idea es desalentar a las personas deportadas de que intenten regresar a Estados Unidos, como hacen en buena parte de los casos.
La detención de inmigrantes no autorizados a lo largo de los 3,144 kilómetros (1,954 millas) de frontera con México llegó a su nivel más bajo en 40 años. Ello obedece a que la cantidad de agentes se ha más que duplicado desde 2004 hasta llegar a los 21,000.
La Patrulla Fronteriza, por otra parte, ha cubierto una tercera parte de la frontera con cercas y otras barreras físicas, y ha gastado mucho dinero en cámaras, sensores y diversos artilugios más. Grandes avances en la tecnología para el manejo de las huellas digitales, por otro lado, han mejorado ampliamente la inteligencia que se aplica a los que cruzan la frontera.
En el año fiscal 2011, los agentes fronterizos hicieron 327,577 detenciones en la frontera con México, un descenso del 80% en comparación con las más de 1,6 millones en 2000. Fue el año menos activo para la Patrulla Fronteriza desde 1971. Es un progreso enorme en comparación con sólo unos años atrás.
Los agentes de mayor edad recuerdan haberse sentido tan desbordados que veían impotentes cómo los inmigrantes cruzaban sin autorización, minutos después de haberlos atrapado y dejado en el cruce fronterizo más cercano.
Mike Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza y miembro de la fuerza desde 1987, recuerda haber aprehendido al mismo inmigrante 10 veces en un turno de ocho horas cuando era un agente joven. La agencia está cambiando ahora su enfoque, convencida de que el sistema para combatir el ingreso ilegal es lo suficientemente fuerte como para imponer consecuencias más serias a casi todos los que captura, desde áreas que incluyen el Valle del Río Bravo en Texas hasta San Diego.
El “Sistema de Aplicación de Consecuencias” —una parte crucial de la nueva estrategia nacional de la Patrulla Fronteriza a ser anunciada pronto— se apoya en gran medida en herramientas que han sido implementadas y ampliadas durante la última década en partes de la frontera.
Clasifica a los que la cruzan en siete categorías, las cuales van desde los que lo hacen por primera vez hasta personas con antecedentes penales. Los castigos varían según la región, pero hay un común denominador: el último recurso es el sólo deportar a la gente tras tomarle sus huellas digitales. Algunos, entre ellos los niños y los que están enfermos, todavía recibirán un pase gratuito al ser deportados en el cruce fronterizo más cercano, pero serán pocos y espaciados entre sí.
“Lo que queremos es hacer de ello la excepción y no necesariamente la norma”, dijo Fisher a The Associated Press.
Las consecuencias pueden ser severas para los inmigrantes detenidos y costosas para los contribuyentes estadounidenses. Los inmigrantes que carecen de permiso de residencia pueden ser enjuiciados por un delito grave o ser trasladados a una ciudad fronteriza desconocida para ellos a cientos de kilómetros de distancia a fin de regresarlos a México.
Un mecanismo utilizado a mediados de año en Arizona incluye el traslado aéreo de los inmigrantes a la Ciudad de México, donde reciben boletos de autobús sólo de ida para que se transporten a sus localidades de origen.
Otra estrategia es entregarlos a las autoridades mexicanas para que les sigan juicio al sur de la frontera. También se les pone en autobuses con destino a México en otra ciudad fronteriza que pueda estar a cientos de kilómetros de distancia. Antes, las personas capturada en Douglas, Arizona, recibían un emparedado de mortadela y jugo de naranja antes de ser devueltos a México en la misma localidad y la misma tarde, dijo Fisher.
Ahora, los detenidos pueden pasar la noche en un centro de detención para inmigrantes cerca de Phoenix y finalmente regresar a México por Del Río, Texas, a más de 1.287 kilómetros (800 millas) de distancia. Así, estos inmigrantes quedan fuera del alcance de los traficantes de personas que los ayudaron a cruzar la frontera, cuyos cobros típicos han sufrido un incremento astronómico de precio a entre 3.200 y 3.500 dólares, y cada vez es más frecuente que les exijan el pago por adelantado en lugar de cobrarles tras llevarlos a territorio estadounidense, afirmó Fisher.
Al menos estos inmigrantes tendrán que esperar más tiempo para volver a intentar el cruce en lo que juntan dinero para pagarle a otro traficante. “Lo que solían ser horas y días se han convertido ahora en días y semanas”, agregó. La nueva estrategia fue aplicada por primera vez hace un año en la oficina de Tucson, Arizona, el corredor donde la Patrulla Fronteriza registra el mayor tránsito de ingresos sin permiso. Los supervisores de campo han clasificado las consecuencias en una escala de uno a cinco, para lo que aplican 15 criterios diferentes, entre ellas uno que toma en cuenta el tiempo desde que la persona fue detenida la ocasión anterior y el costo por hora de todo el procedimiento.