La Corte Suprema de EEUU ha dictaminado por unanimidad que los inmigrantes que se encuentran en el país por razones humanitarias no pueden solicitar una residencia permanente. Esta medida podría derivar en la deportación de miles de personas.
La jueza Elena Kagan declaró en el fallo que los inmigrantes que habían ingresado en el país sin permiso y bajo el Estatus de Protección Temporal —que los protege de la deportación y les permite encontrar trabajo— no serán elegibles para las denominadas tarjetas verdes para poder convertirse en residentes permanentes del país.
El fallo se desprende del caso de una pareja salvadoreña que llegó al país ilegalmente en 1997 y 1998 y solicitó la tarjeta de residencia en 2001, tras una serie de terremotos en su país natal. Hasta la fecha, los salvadoreños, llamados José Santos Sánchez y Sonia González, son padres de cuatro hijos —uno de ellos, residente estadounidense por nacimiento— y aun así corren el riesgo de ser deportados.
Desde el 2014, han solicitado la ciudadanía, pero «el programa del Estatus de Protección Temporal otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del estatus no hace que un participante ilegal sea elegible (para una tarjeta de residencia)», explica Kagan.
Sin embargo, no son los únicos: en EEUU, residen unas 400.000 personas de 12 países —entre ellos Honduras, Nicaragua y Venezuela— bajo este estatus que protege a los residentes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales. Mientras que 85.000 de ellos lograron ajustar el estatus, el resto podría ser expulsado del país.
Cabe señalar que la decisión de la corte no se aplica a los inmigrantes que llegaron a EEUU de manera legal y se quedaron en el país por más tiempo que el permitido por su visado.
El Estatus de Protección Temporal se otorga por plazos de seis, 12 o 18 meses, que pueden ser extendidos si una persona no tiene la oportunidad de regresar a su país de origen. En marzo, el presidente Joe Biden anunció que otorgará el estatus a los ciudadanos venezolanos que residen en territorio estadounidense.