Para llevar a cabo ese proceso, una comisión ha evaluado a 3004 agentes de todos los rangos durante ocho meses en un proceso «sin precedentes», según confirmó el martes uno de los evaluadores, Omar Rivera.
No obstante, el propio Rivera estimó que la iniciativa quedará inconclusa «si no se ejecutan acciones penales» contra los altos oficiales y policías «que cometieron actos ilícitos».
Según el informe revelado por un medio escrito hondureño, son varios los oficiales de alto rango que están involucrados con las maras y pandillas, y algunos de ellos han participado en masacres.
La seguridad en Honduras se ha militarizado poco a poco en los últimos dos Gobiernos nacionalistas bajo la excusa de la implicación y permeabilidad que tienen los policías con el crimen organizado y la delincuencia común, pero también los militares son responsables de muchos actos delictivos que no se reportan a la luz pública.