Personalidades de sociedad civil no creen versión de diputada Lucía Medina sobre mochilas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Pese a la explicación dada este martes por la diputada Lucía Medina sobre las mochilas que su fundación entregó a estudiantes de San Juan, las cuales tienen impreso el logo del Ministerio de Educación debajo del emblema de la entidad que ella preside, hay sectores que no creen la versión de la legisladora.

La legisladora sostuvo hoy que ella cotizó y pagó 3,000 mochilas. De su lado, su suplidor, la empresa Ston Blue, S.R.L., atribuyó a un error de producción lo sucedido.

Para María Teresa Cabrera, activista del Movimiento Marcha Verde, la versión de la diputada peledeísta es difícil de creer, dado que el uso de los recursos del Estado para beneficio particular se ha convertido en una tendencia en el país.

Mientras que el coordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, se mostró partidario de que la Junta Central Electoral (JCE), realice una investigación al respecto. Estimó que si se comprueba la acción que se le imputa a Lucía Medina, estaría violando el artículo 59 de la recién promulgada Ley de Partidos.

mientras que en las redes sociales la reacción ha sido de escepticismo e indignación:

“Ahora la culpa es de los suplidores, creo que estos políticos se están pasando”, escribió Jeremías Alexis Luis cuestionando la veracidad de la afirmación de la empresa suplidora encargada de elaborar las mochilas, la cual asumió toda la responsabilidad del hecho negando que haya sido a propósito. 

“Como les mienten a los dominicanos, creen que somos ignorantes. Lucia Medina y su hermano nos han tomado el pelo aprovechando de la miseria de un pueblo”, escribió Alberto Aquino, claramente indignado en la red social Twitter.

La diputada por San Juan y hermana del presidente Danilo Medina podría ser acusada de Asociación de Malhechores y Desfalco, por supuesta violación a los artículos 171 y 265 del Código Penal Dominicano. La afirmación es del abogado Plutarco Jáquez, quien sostuvo que también serían pasibles de demanda el ministro de Educación, Andrés Navarro, y el director de Bienestar EstudiantilRené Jáquez.

Pidió al Procurador General de la República, Jean Rodríguez, que ordene una investigación sobre el caso para establecer responsabilidades.

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