Santo Domingo.-Inspectores del Gobierno recorren el país para examinar el uso que le dan, a dónde van a parar y qué hacen las 1,500 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que este año reciben del Estado una asignación de 1, 778.9 millones de pesos para labores sin fines de lucro.
También, procuran el destino y el tipo de actividades que realizan otras 5,500 instituciones registradas como ONG que, aunque no reciben recursos del Estado, deben demostrar que no están dedicadas actos ilícitos como el lavado de activos, el narcotráfico y la trata de personas.
“Tengo inspectores en todo el país levantando informaciones para saber las que existen y las que no existen”, manifestó la directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), licenciada Celeste Silié de Castellanos, quien tiene apenas 10 meses en el puesto.
El organismo, adscrito al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPD), aspira a crear una base de datos con las 7, 000 instituciones y controlar sus operaciones a través de una plataforma tecnológica donada para esos fines por el Banco Mundial.
“Llamábamos la gente y no la encontrábamos”, insistió Silié de Castellanos, para resaltar la importancia de ese proceso que, aunque inició hace poco meses, empieza a dar frutos.
De las 1,500 organizaciones subvencionadas por el Estado ya fueron registradas 800 en la plataforma tecnológica denomina “Sistema Integrado de Gestión ( SIGASFL).
No obstante, una gran cantidad ONG anda como “chivos sin ley”, sin dar cuentas de sus actos, a pesar de que la Ley 122-05, sobre Asociaciones sin Fines de Lucro, fue promulgada 12 años atrás y sustituye al decreto presidencial 520 del 26 de julio de 1929.
Amplio abanico
Un amplio abanico de entidades sin fines de lugro reciben recursos del Estado a través de 12 ministerios del Gobierno, sin que los presupuestos de éstos se vean comprometidos.
Entre ellas, hogares para la infancia, universidades, patronatos, instituciones de asistencia médica, organizaciones ligadas a partidos políticos, asilos de ancianos, clubes culturales, entidades deportivas y comunitarias, albergues infantiles parroquias, asociaciones de pequeños y mediados empresarios, sindicatos de choferes y de constructores.
El Gobierno central destina para unas 500 instituciones adscritas al Ministerio de la Presidencia RD$443.3 millones.
Al Ministerio de Educación están adscritas 203 instituciones que recibieron este año más de RD$289.2 millones. De ese monto RD$141.8 millones fueron entregados a iglesias y parroquias.
A Salud Pública pertenecen unas 225 entidades que recibieron
RD$577.3 millones, mientras que al Ministerio de Deportes corresponden 38 organizaciones que reciben más RD$116.4 millones y al Ministerio de Trabajo pertenecen dos con presupuesto de RD$2 millones 480,000.
También, tienen ONG adscritas los Ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, la Mujer, Cultura, Medio Ambiente y Educación Superior, ésta última por un monto de RD$129.9 millones.
“Hay unas 77 que no se han podido verificar si existen, por no llamarlas directamente fantasmas”, aseguró el congresista Víctor Bisonó Haza, presidente de la Comisión de Economía, Desarrollo y Planificación de la Cámara de Diputados.
Expresó que el mayor empeño de esa instancia legislativa radica en vigilar que que no hayan ONG por simpatías políticas coyunturales, porque crea una competencia desleal entre los actores del sistema político, principalmente entre los congresistas.
“Antes tenían una mayor presencia política. Beneficiaban directamente a sectores políticos”, recordó.
Transparencia
El artículo 48 de la Ley 122-05 obliga a las ONG a presentar cada año un informe detallado de su labor y sus estados financieros.
Asimismo, el artículo 93 del reglamento de aplicación de esa legislación indica que “los organismos privados que reciben transferencias del Gobierno y que se incluyen en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del gobierno central deberán demostrar su existencia y funcionamiento regular”.
Ambos mandatos se convirtieron en letra muerta, principalmente, porque el Estado ha carecido de los mecanismos tecnológicos y operativos para hacerlos cumplir, además de la voluntad política.
Un informe del 2016 de la Cámara de Cuentas indica que, ese año, 467 asociaciones sin fines de lucro que recibieron fondos públicos no rindieron informes sobre sus ejecutorias financieras.
En aras de revertir esa situación, el CASFL adviertió que sólo tendrán fondos públicos en el 2018 aquellas instituciones que reporten debidamente sus ingresos y gastos.
Pero además, que sus actividades estén en consonancia con con la Estrategia Nacional de Desarrollo que implementan las autoridades.
En ese sentido, el organismo gubernamental le otorgó un plazo que vence esta semana para que se registren debidamente y cumplan los requisitos legales y de rendición de cuentas.
“Estamos trabajando en una normativa de rendición de cuentas, porque no existe en este sector la cultura de rendir cuentas por estos fondos”, manifestó Silié de Castellanos.
Dijo que en ese proceso, trabaja en coordinación con el Ministerio de Haciendas, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos y otros organismos controladores de fondos estatales.
“Vamos a sentarnos a diseñar, redactar una normativa de rendición de cuentas justa y equitativa”, precisó la funcionaria.
“Vamos a tener un control de todos los fondos que están recibiendo y supervisión de cuentas, porque todo el mundo va a estar monitoreado”, siguió diciendo la directora del CASFL.