Si por la presentación de documentos es, la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa fulminará la acusación realizada por el Ministerio Público en contra del exfuncionario, ya que ayer impugnó todos los párrafos de la misma, y pidió la exclusión de seis cuentas bancarias pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuidas al imputado para el supuesto lavado de activos.
Se trata de las cuentas en pesos números 100012400137794, 1000111680003620,100011680002993, 100011680004805; y la 200021680003398, en dólares, del Banco de Reservas, y la número 730515921 del Banco Popular, de las cuales la defensa reiteró, Díaz Rúa hizo uso en su condición de secretario de finanzas de las campañas del partido oficial.
Ramón Núñez, de la barra de la defensa, afirmó que la cuenta del Banco Popular fue abierta por Francisco Javier García y Ramón Rivas, con la firma autorizada de Díaz Rúa como secretario de finanzas del PLD, el 8 de marzo del 2006, y fue cancelada el 24 de diciembre del 2012.
Resaltó que no obstante el imputado manejar otras cinco cuentas del partido oficial en el Banco de Reservas, la que ha servido de “comodín” para el MP tratar de hacer creíble su historia, es la del BP, a pesar de que no son cuentas personales de Díaz Rúa ni nunca firmó un cheque de ellas.
“El Ministerio Público inicia sus andanzas con supuesto ocultamiento de cuentas a nombre de Víctor Díaz Rúa. En este acápite vamos a pedir la exclusión de varios párrafos por tratarse de cuentas de campaña del PLD y que sus cheques aportados como prueba lo demuestran, igual que como ocurrió con el ingeniero Temístocles Montás cuyo expediente fue archivado por el Ministerio Público”, dijo Miguel Valerio, también de la defensa.
Agregó que el MP no tiene ni un solo soporte legal para afirmar que un centavo de esas cuentas de campaña del PLD fue transferido por Odebrecht ni por nadie vinculado al consorcio brasileño, pero que como sabe que ahí no hay un ilícito penal, se las imputa a Díaz Rúa.
“Quieren que el ingeniero Víctor Díaz Rúa, por hacer su trabajo de Tesorero de campaña esté sentado ahí, porque no pueden demostrar su caso y lo más fácil es decirle a la gente que él manejó 35,000 millones de pesos y que ese dinero él se lo robó. Si fuera ilegal como dice el MP, que traigan al PLD que es el dueño de las cuentas de campaña”, enfatizó Valerio.
Tarjeta crédito la usó en campaña . Los abogados de Díaz Rúa también justificaron los “movimientos exagerados” que según el MP tenía el imputado, en comparación con los ingresos que generaba como funcionario público.
Dijeron que el órgano investigador tuvo acceso a muchísimas informaciones financieras que están en la acusación, pero no las tomó en cuenta para ver desde cuándo el ex ministro de Obras Públicas tiene dinero porque su interés era acusarlo, además de que hizo préstamos incluso a nombre del PLD.
“A él lo hicieron secretario de finanzas del PLD por la posibilidad de obtener, de gestionar recursos para la campaña, pero cuando no aparecían, como no había una tarjeta de campaña, él utilizaba la suya y luego se lo reembolsaban”, dijo Núñez.
Explicó que todos los viajes de campaña del PLD del 2004 al 2016 a todas las provincias del país y del exterior, Díaz Rúa, como tesorero de campaña se vio obligado a asumirlas con su tarjeta de crédito personal, con autorización porque esas eran sus funciones, y luego le reembolsaban esos fondos.
Recordó que entre las pruebas aportadas en la acusación hay una certificación del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, reconociendo cuáles eran sus funciones y las cuentas bancarias que Díaz Rúa manejaba del partido.
Otros ingresos La defensa agregó que además de los ingresos del INAPA y Obras Públicas, Díaz Rúa fue miembro de los Consejos Directivos de la CAASD, Seguros Banreservas, Autoridad Portuaria y presidente de la Comisión para la Modernización de los Puertos y tenía su casa rentada en US$6,000.
vendió sus empresas Excavaciones, Importadora San Isidro, Fábrica de Bloque Oriental; los Edificios Aventura I y II y la Plaza Aventura en Santo Domingo Este; el edificio de la Universidad UTESA en Santo Domingo Oeste; el Edificio Máx 6 , entre otros.
“Todos esos fueron negocios lucrativos que se reflejan en su patrimonio”, subrayaron los abogados Núñez y Valerio durante su réplica a la acusación del MP.
Viaje a Antigua y Barbudas. Sobre el vuelo charter pagado por Odebrecht en el que el MP dice Díaz Rúa viajó a ese país para reunirse con Luiz Franca y Marco Bilinski, de quienes habría recibido un pago de US4 millones, el abogado Valerio lo negó y presentó al juez certificaciones del Antigua Overseas Bank (AOB) que dice no conocer ni haber tenido nunca relaciones con el imputado.
“El Ministerio Público le da un carácter de Netflix al presente caso y dice que Víctor Díaz Rúa en un vuelo charter fue y se reunió con Luis Franca y Marco Bilinski, pero no aporta ningún elemento de prueba que certifique ese viaje; se limita a otra mentira establecida por un empleado de Odebrecht, Luis Eduardo Da Rocha, que no hacen prueba alguna en el presente proceso”, dijo.
Agregó que Da Rocha hizo eso “con la única finalidad de salvar su cuello” en el caso Odebrecht.
“La Barbie”. Otra actividad de lavados de activos que le atribuye el MP a Díaz Rúa, es la compra de un yate que lleva el nombre de su esposa, por un monto de US$5 millones. La defensa de Díaz Rúa presentó varias tasaciones de embarcación con idénticas características con precios que oscilan entre US$900,000, mínimo, y US$1.3 máximo.
Constructora Solaris. Una de las empresas que el MP dice utilizó Díaz Rúa para lavar dinero de los sobornos, dijo que la misma fue fundada como una empresa familiar el 25 de enero del 2013, y luego la traspasó a su hijo Víctor Manuel Guerra cuando regresó graduado de ingeniero del extranjero.
Señalaron que el informe que utiliza el MP para fundamentar su acusación, además de contener múltiples errores, “es ilícita y como tal tendrán sus consecuencias en el presente proceso”.
Citaron como ejemplo que la cuenta de ahorros en dólares número 4010085756 del Banco Múltiple BDI que el MP dice fue abierta en marzo del 2006 y cancelada el 24 de diciembre del 2012, “es una mezcla entre la 730515921 del Banco Popular, y una cuenta del BDI, que en las páginas 10 y 25 del informe financiero de Constructora Solaris, S.A.S, refleja que tenía un balance de US$356,178.93”.
Certificado en el Royal Bank. En cuanto a un certificado financiero de US$86,450,000 que según el MP tenía en el Royal Bank Of Canada Díaz Rúa cuando ingresó a Obras Públicas, y no lo declaró, la defensa del imputado dijo que a esa fecha el mismo había sido cancelado y colocado sus valores en el Banco de Reservas.
“Si los técnicos del MP se hubieran tomado la molestia de realizar la sumatoria de lugar con los valores adecuados, se habrían dado cuenta de que la declaración jurada no varía”, observó la defensa.
Indicaron que en el 2003 el imputado tenía una cuenta en el Royal Bank de US$724,000 de un cheque de American Expresss Bank, que no está en la acusación del MP; otro de US$800,000 por obras realizadas a Marítima Dominicana, más los intereses acumulados que, a octubre del 2008 eran US$450,000, “de algunas actividades de inversiones que se realizaban bajo las regulaciones norteamericanas e incluso de la Bolsa.
Indicaron que en el 2003 el imputado tenía una cuenta en el Royal Bank de US$724,000 de un cheque de American Expresss Bank, que no está en la acusación del MP; otro de US$800,000 por obras realizadas a Marítima Dominicana, más los intereses acumulados que, a octubre del 2008 eran US$450,000, “de algunas actividades de inversiones que se realizaban bajo las regulaciones norteamericanas e incluso de la Bolsa que Da Rocha hizo eso “con la única finalidad de salvar su cuello” en el caso Odebrecht.
“La Barbie”. Otra actividad de lavados de activos que le atribuye el MP a Díaz Rúa, es la compra de un yate que lleva el nombre de su esposa, por un monto de US$5 millones. La defensa de Díaz Rúa presentó varias tasaciones de embarcación con idénticas características con precios que oscilan entre US$900,000, mínimo, y US$1.3 máximo.
Constructora Solaris. Una de las empresas que el MP dice utilizó Díaz Rúa para lavar dinero de los sobornos, dijo que la misma fue fundada como una empresa familiar el 25 de enero del 2013, y luego la traspasó a su hijo Víctor Manuel Guerra cuando regresó graduado de ingeniero del extranjero.
Señalaron que el informe que utiliza el MP para fundamentar su acusación, además de contener múltiples errores, “es ilícita y como tal tendrán sus consecuencias en el presente proceso”.
Citaron como ejemplo que la cuenta de ahorros en dólares número 4010085756 del Banco Múltiple BDI que el MP dice fue abierta en marzo del 2006 y cancelada el 24 de diciembre del 2012, “es una mezcla entre la 730515921 del Banco Popular, y una cuenta del BDI, que en las páginas 10 y 25 del informe financiero de Constructora Solaris, S.A.S, refleja que tenía un balance de US$356,178.93”.
Certificado en el Royal Bank. En cuanto a un certificado financiero de US$86,450,000 que según el MP tenía en el Royal Bank Of Canada Díaz Rúa cuando ingresó a Obras Públicas, y no lo declaró, la defensa del imputado dijo que a esa fecha el mismo había sido cancelado y colocado sus valores en el Banco de Reservas.
“Si los técnicos del MP se hubieran tomado la molestia de realizar la sumatoria de lugar con los valores adecuados, se habrían dado cuenta de que la declaración jurada no varía”, observó la defensa.
Indicaron que en el 2003 el imputado tenía una cuenta en el Royal Bank de US$724,000 de un cheque de American Expresss Bank, que no está en la acusación del MP; otro de US$800,000 por obras realizadas a Marítima Dominicana, más los intereses acumulados que, a octubre del 2008 eran US$450,000, “de algunas actividades de inversiones que se realizaban bajo las regulaciones norteamericanas e incluso de la Bolsa.
Recuerda a juez “non bis in idem”
Con respecto a la acusación de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaraciones juradas, la defensa de Díaz Rúa le recordó al magistrado Ortega que él tiene reservado un incidente de “non bis in idem”, ya que el imputado anteriormente fue sometido por similar acusación y su expediente archivado definitivamente.
Pero además le señaló que a Díaz Rúa el MP le imputa infracciones prescritas en la Ley número 82-79 del 16 de diciembre de 1979, incidente que también está reservado.
Loyda Peña, Hoy