En un Estado Democrático la Seguridad Privada debe contribuir con la Seguridad Ciudadana

Por Robert Balbi

SANTO DOMINGO.- La seguridad privada contribuye a afianzar la seguridad pública y ciudadana, la armonía social y la convivencia pacífica en un Estado Democrático.

El planteamiento lo hizo el doctor Carlos A. Mayorga Prieto, ex superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, durante una conferencia dictada en el Ministerio de Defensa (MIDE), en la cual analizó el rol de la Seguridad Privada y su Importancia ante la Sociedad.

Mayorga Prieto aseguró que la seguridad privada debe estar orientada a lograr la satisfacción de su “vigilado” y comprometida con la seguridad pública de los ciudadanos, aplicando estándares de gestión  efectiva y un adecuado nivel técnico que permitan la prestación del servicio con calidad y excelencia.

A su juicio, la seguridad privada de un país “es un servicio,  una actividad del Estado en manos de particulares, por lo que debe asumir un rol de colaboración que contribuya con la seguridad ciudadana”.

Consideró que desde el punto de vista técnico siempre será necesario que el Estado asuma el control, inspección y la vigilancia de los servicios públicos de seguridad y vigilancia privada, los cuales contribuyen a una mayor seguridad para los ciudadanos.

Advirtió que “nunca la seguridad privada puede intentar suplir o suplantar a la seguridad pública, sino complementarla, de forma tal que se evite una pérdida de confianza de la población en los mecanismos de seguridad”.

“Los servicios de vigilancia y seguridad privada, para una mayor efectividad, podrán utilizar para el desarrollo de sus actividades, armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, así como vehículos e instalaciones autorizados por la autoridad competente”, planteó el experto.

Sin embargo, entiende que para ello tiene que haber un control y un marco legal que norme y reglamente las actividades de las empresas dedicada a ofrecer el servicio de seguridad privada.

Consideró que los servicios de vigilancia y seguridad privada solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencias o credenciales expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de cada nación, en base a una potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad de los ciudadanos.

Al hablar de la experiencia colombiana,  Mayorga Prieto destacó el alcance y la importancia de la seguridad privada en la sociedad, “porque es un sistema que aporta al producto interno bruto y contribuye a tener una mayor control de las armas, su transporte resaltando el rol de las fuerzas militares”.

Fernández Tejeda

De su lado, el General de Brigada ERD, Amílcar Fernández Tejada, Director Ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada de la República Dominicana, dijo que el objetivo del Ministerio de Defensa “es garantizar a la sociedad que las empresas de seguridad privada cumplan las normas que rigen el servicio, lo que representa un valor agregado”.

“La mayor demanda de un país es la seguridad. En ese sentido, debo señalar el turismo es el mayor rubro de nuestra economía y demanda seguridad porque el turista no viaja a un territorio inseguro”, precisó

Fernández Tejada dijo que el crecimiento económico trae consigo un aumento de la delincuencia, por lo que es fundamental que la seguridad privada complemente a la seguridad pública para que ésta sea efectiva.

La mesa principal de la actividad estuvo encabezada por el titular del MIDE, Teniente General Rubén D. Paulino Sem, y los senadores de la República, Adriano Sánchez Roa y Pedro Alegría, en representación de la Comisión de Seguridad y Defensa de ese hemiciclo. También estuvo el doctor Roberto Correa, Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Cámara de Diputados.

Igualmente asistieron el General de Brigada Justo M. Amílcar Fernández, ERD, Director Ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada de República Dominicana, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida; el Vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, ARD, Vice Ministro de Defensa para Asuntos Marinos y Costeros; y el Mayor General, FARD, Julio César Souffront Velázquez, Inspector General de las Fuerzas Armadas.

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