SANTO DOMINGO.-Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre “pagos secretos” contaminan el proceso de licitación de Punta Catalina, pues parte de esos desembolsos involucran a personas externas que validaron ese proceso.
Tal es el caso del economista Andy Dauhajre, quien recibió en 2014 de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE) US$500 mil por realizar un análisis financiero y de factibilidad económica del proyecto.
Dauhajre evaluó, junto a otras dos entidades, la licitación de la empresa que sería contratada para la construcción de Punta Catalina, para luego pasar a asesorar a Odebrecht tras adjudicársele la licitación para la construcción de la termoeléctrica, el 14 de abril de 2014.
Baker Street Financiar Inc, propiedad de Dauhajre, figura con cinco pagos superiores a 3.5 millones de dólares durante mayo y diciembre del año 2014.
Datos de la investigación
La investigación arroja que el 7 de diciembre de 2015 dicha empresa pagó más de 2 millones de dólares por un apartamento de lujo en un edificio de Manhattan.
De igual forma, José Gregorio Salcedo Llibre, actual presidente del Consejo de la Bolsa de Valores de República Dominicana, fue parte de la comisión financiera aprobada por el Comité de Licitación de la CDEEE, en sesión celebrada el 18 de junio de 2013, para ofrecer apoyo en el proceso de licitación de Punta Catalina.
Salcedo Llibre funge como presidente de la sociedad Value Added Finance Incorporated, la cual recibió la suma de US$500,000 a través de la sociedad Innovation Research and Developtment el 31 de enero de 2014, meses después de que Odebrecht recibiera la adjudicación del proyecto, según la publicación realizada por el Consorcio la pasada semana.
En la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso, el Ministerio Público establece que Punta Catalina fue otorgada mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial Ángel Rondón Rijo a funcionarios dominicanos, sin embargo, la misma fue excluida cuando se formuló la acusación.
En los libros del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se revelan pagos ocultos entre diciembre de 2013 y 2014 por 39.5 millones de dólares.
En abril de 2017, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, validó el acuerdo firmado entre la Procuraduría y Odebrecht en el cual el Gobierno renunció a procesar a los empleados de esa empresa involucrados en el millonario esquema de sobornos, y que permitió que esta continúe sus operaciones a cambio de información y el pago de una multa de US$184 millones.
Posición Procuraduría
La Procuraduría aseguró que ninguno de los documentos solicitados y recibidos de las autoridades de Brasil, ni los obtenidos a través de los acuerdos con la multinacional contemplan pagos por soborno para la termoeléctrica, lo cual de ser cierto la empresa habría faltado al acuerdo.
El mismo establece que en caso de incumplimiento, el Ministerio Público tendrá facultad de dejarlo sin efecto y reiniciar la acción penal contra Odebrecht, sus empresas filiales y relacionadas, como si el acuerdo nunca hubiese existido, reteniendo siempre los pagos ya recibidos.
Consecuencia:
— Renuncia
El subadministrador del Banco de Reservas anunció que a partir de hoy renunciará de esa posición en virtud de que una empresa de la que es gerente aparece entre las que recibieron fondos de Odebrech.