SANTO DOMINGO.- Dicen que hasta para morirse hay que tener dinero y en República Dominicana, el coronavirus ha llegado para confirmarlo; desde que inició la pandemia el primer día de marzo, los temores por el brote de la enfermedad se convirtieron en campo fértil para los oportunistas que se dedican a abusar de la gente.
Uno de los primeros esquemas de fraude se tejió a través de las muy promulgadas donaciones: cuando Gonzalo trajo el primer viaje de pruebas diagnósticas, una gran parte fue distribuida entre conocidos empresarios que, como buenos negociantes, se dedicaron a comercializarlas.
Otros, más espabilados aún, empezaron a importar unas pruebas rápidas que detectaban el virus “en cuestión de minutos” y se atrevieron incluso a venderlas por redes sociales.
El infierno de las PCR
Como si se tratase de la panacea, a medida que los casos de contagio fueron incrementando, en la misma proporción explotaron las llamadas desesperadas a los teléfonos de los laboratorios autorizados a realizar las pruebas proteína C reactiva, las famosas “PCR”, que han pasado a ser más bien, sinónimo de privilegio.
A falta de Amadita, Referencia y Patria Rivas, que no dan a basto por la deficiencia del Laboratorio Nacional, algunos “vivos” se dedicaron a realizar pruebas por la izquierda, aprovechándose de la angustia de aquellos que probablemente estén contagiados y mueran sin enterarse.
Un doctor, de esos que de médico solo tienen la bata, hizo un trueque con uno de los laboratorios privados y, por 3 mil pesos, ofrece una consulta donde toma una muestra de saliva para darte el resultado en 24 horas; mientras miles, que no pueden costear nada que no les cubra el seguro, se amontonan en las afueras del Laboratorio Nacional.
Manitas limpias, mascarillas y mascarilleros
De las “coronacompras”, la de las mascarillas y el alcohol en gel siguen siendo las más populares. El día de “el italiano”, cuando Salud Pública confirmó el primer contagio en el país, en República Dominicana no quedó un tapabocas disponible, ni siquiera para el personal sanitario que se sigue dejando el pellejo en los hospitales.
Lo anterior desembocó en una crisis de N95, que cuando aparecían, eran vendidas a 400- 500 pesos (amén de que no fuesen falsificadas), cuando su valor en el mercado oscila entre 80 y 120 pesos.
De ahí que cualquier persona con “poder de bolsillo”, arrancara a importar mascarillas chinas con la finalidad de involucrarse en licitaciones gubernamentales o vendérselas a los candidatos que con su ambición desmedida, se aprovecharon del COVID para hacer proselitismo.
El desatino fue tal, que los miembros del “Consejo Nacional de Importadores de Mascarillas” se atrevieron a pedir ayuda al Estado, puesto que en un principio, pensando que iban a hacer “su navidad”, trajeron el insumo por montones, sin calcular que muchos otros astutos habían planificado el mismo “emprendimiento”.
Las farmacias y supermercados se fueron más lejos, acapararon guantes, mascarillas, manitas limpias, Lysol y hasta vitamina C, que, a costillas del pánico ciudadano, ofertaron al pueblo a precios ridículos.
Los trajes de protección hazmat, símbolo de la resistencia heroica del personal sanitario, también fueron monopolizados por la inconsciencia de aquellos que sin siquiera saber su utilidad real, llegaron a importarlos masivamente para luego cotizarlos hasta a siete mil pesos, cuando el precio regular no supera los dos mil.
El peaje por los “gastos de bioseguridad”
Los centenares de pacientes no COVID que acuden diariamente a realizarse estudios especializados, ahora se han visto en la necesidad de pagar cargos adicionales por “gastos de bioseguridad” que las aseguradoras se niegan a cubrir.
En un centro diagnóstico en el sector de Gascue, cobran quinientos pesos extra bajo el alegato de la “inversión” que han tenido que hacer durante la pandemia, que en este caso, consiste en un poco de gel desinfectante para las manos del usuario.
Otro centro similar, en el mismo sector se explica los motivos del pago adicional en un documento de tres páginas.
“Los gastos de bioseguridad son cobrados por todos los principales centros diagnósticos de la República Dominicana”, indica el texto, que aporta los nombres de esos lugares.
Al inicio de la pandemia, los centros solicitaron a todas las aseguradoras de riesgos de salud (ARS), así como a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), conversar sobre cómo “cubrir de ambas partes estos costos”, diálogo que nunca tuvo lugar y, mucho menos, respuesta.
Como de costumbre, la resolución unánime fue “que lo pague el paciente”.
MEDICAMENTOS A PRECIO DE RIÑÓN
El fármaco de la discordia desde que se desató el virus, Tocilizumab,es un medicamento que forma parte del primer abanico de posibilidades al que se llegó, que podría servir como tratamiento para el COVID-19.
Con el Tocilizumab, que el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas bautizó como “el medicamento de alto costo”, fue que se hizo el milagro del Doctor Cruz Jiminián, sin embargo, al igual que con los reactivos para las pruebas PCR, las potencias mundiales nos llevan la delantera.
Para conseguir una cajita de remdesivir, un medicamento desarrollado para el ébola por la farmacéutica estadounidense Gilead, que ahora se cotiza a 3.000 mil dólares por paciente cuando su costo de producción es de US$10, hay que pedirle permiso a Dios.
POLITIQUERÍA DISFRAZADA DE BONDAD
Mientras tanto, por los predios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), andan repartiendo el Avigan (Favipiravir) como pan caliente entre compañeritos y favores, medicamento que fue donado hace tres semanas por el gobierno de Japón a la República Dominicana para un estudio.
El 25 de junio pasado, el embajador del país asiático, Hiroyuki Makiuchi, firmó un canje de notas con el canciller Vargas Maldonado para la donación de 300 millones de yenes, equivalentes a más de 2.7 millones de dólares, destinados a la provisión de equipos médicos para fortalecer el sistema sanitario del país.
“Esta pandemia afianza cada vez más a la solidaridad y la cooperación como el lenguaje global de la diplomacia y de las relaciones internacionales”, expresó el canciller durante la ceremonia efectuada en su despacho.
Asimismo, agradeció a Makiuchi las efectivas gestiones ante el Gobierno japonés, fruto de las cuales también anunció que en unos días “recibiremos un cargamento significativo del medicamento Avigan, con el cual han tratado con éxito en su territorio a pacientes infectados por el COVID-19.”
Según rumores, y a petición del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, la donación japonesa terminó en manos de los que siempre terminan.
DE UCIS, CAMAS Y EL LUCRO DE LA MUERTE
A cinco meses desde que la pandemia llegara al país caribeño, cuando ya suma 51,519 contagios y 971 fallecidos, es más fácil cruzar el Niágara en bicicleta de Juan Luis, que conseguir una cama en la capital o Santiago.
Y es que el coronavirus llegó para desvelar el históricamente desastroso sistema sanitario público criollo, donde los pacientes no tienen nombre, sino número y la precariedad es el estándar.
Entre clínicas privadas y públicas, el país cuenta con 3,403 camas para COVID, 447 de cuidados intensivos y 344 ventiladores; la ocupación hospitalaria casi alcanza un 90% en todo el territorio nacional y un solo facultativo tiene que atender hasta 60 enfermos al día.
Sin embargo, algunos centros privados reservan camas para la burocracia, o no admiten a los mortales porque los pacientes COVID, más que un riesgo, le representan una pérdida económica que las aseguradoras tampoco quieren asumir.
Mientras en el Congreso deciden si abren o cierran, los médicos del Cibao advierten del inminente colapso y el titular de Salud los tilda de “alarmistas”, los nadies pasan las mil y una de hospital en hospital, o caen como moscas en los pasillos.
En tanto, la ignorancia baila en las calles al ritmo del coronavirus, o se da un baño de pueblo atestada en el río Fula.
Por: Camila García Durán, El Nuevo Diario