Vicefiscal venezolana ingresa al Ministerio Público en la maleta de un auto y es expulsada

CARACAS— La vicefiscal designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Katherine Haringhton, ingresó a la sede del Ministerio Público escondida en la maleta de un automóvil y fue desalojada poco después por personal de seguridad, confirmó  una fuente de la Fiscalía General.

Catherine Haringhton entró escondida en la maleta de un vehículo a la sede del Ministerio Público, en la avenida Urdaneta (…) fue desalojada por (personal de) seguridad y trabajadores que alertaron al verla dentro”, dijo a Sputnik una fuente del despacho de la fiscal general Luisa Ortega.

Haringhton, que podría subrogar a Ortega si el TSJ decide continuar un antejuicio de mérito contra la fiscal general, estuvo en dos pisos de la sede del Ministerio Público tras ingresar oculta en el maletero del vehículo de la segunda fiscal nacional Narda Sanabria, detalló la fuente.

Sanabria fue quien ejerció la acusación contra el político opositor Leopoldo López, quien cumple una pena de casi 14 años de prisión por los hechos violentos en las manifestaciones de 2014 contra el Gobierno.

Haringhton había intentado ingresar más temprano a la oficina por la puerta principal, por segundo día consecutivo, acompañada de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, pero tal como ocurrió el jueves, el ingreso le fue negado.

Ortega se niega a reconocer el nombramiento de Haringhton, alegando que su designación realizada el martes por el TSJ es ilegítima y contraria a la Constitución.

La fiscal general aseguró el jueves en un comunicado que con ese acto el TSJ “usurpó” sus funciones y las de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), pues el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que “es una atribución del fiscal general de la República designar al vicefiscal general de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional”.

La funcionaria recordó que el lunes 3 la Asamblea ratificó por mayoría en su cargo al vicefiscal general Rafael González, designado por Ortega el 17 de abril.

Pero el TSJ sostiene que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato desde mediados del año pasado, lo que implica en los hechos desconocer todas sus resoluciones.

Así, el TSJ se arroga funciones legislativas y, a juicio de la fiscal general, ha “incrementado, en buena medida, la conflictividad actual en el país”, además de contrariar la Carta Magna.

La fiscal general, considerada cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), comenzó a ser objeto de críticas por parte del oficialismo el pasado 31 de marzo, cuando aseguró que las sentencias 155 y 156 del TSJ representaban una ruptura del orden democrático y una violación a la Constitución.

Los aspectos más cuestionados de esas sentencias fueron eliminados tras una reunión del Consejo de Defensa de la Nación de la que participaron el presidente del TSJ, Maikel Moreno, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la fiscal Ortega.

Tras esas sentencias, la oposición inició una serie de manifestaciones contra el Poder Judicial, lo cual generó un escenario de choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que hasta el momento han dejado 91 muertos y más de 1.400 heridos.

El enfrentamiento entre la jefa del Ministerio Público y el TSJ escaló cuando la funcionaria impugnó el nombramiento de los magistrados que integran la cúpula judicial, estos rechazaron la impugnación y acogieron a su vez un pedido de antejuicio de mérito contra ella por falta grave en el ejercicio de sus funciones.

La solicitud, que permite levantarle la inmunidad que reviste a los altos cargos en Venezuela, está en proceso y la decisión del TSJ se conocerá en los próximos tres días.

Mientras tanto, el TSJ apartó al vicefiscal González y nombró en su lugar a Haringhton, una medida encaminada a que esta última ocupe el cargo de Ortega si esta es finalmente destituida.

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