Sostienen que hubo corrupción en torno a reparación de ARA San Juan

 

BUENOS AIRES— La denuncia de la diputada oficialista argentina Elisa Carrió por supuestas irregularidades en la reparación del submarino ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre, busca comprobar la responsabilidad de varios exministros de Defensa, dijo a Sputnik el abogado Juan José Calandri.

«Denunciamos una matriz de corrupción en el ámbito del Ministerio de Defensa, y a partir de esa investigación, el juez federal Sergio Torres ha ordenado el allanamiento de la Armada, del astillero (Complejo Industrial y Naval Argentino —Cinar-) y de la empresa alemana Ferrostaal», que proporcionó las baterías al submarino San Juan, señaló Calandri, integrante del equipo de investigación de Carrió.

Torres ordenó el allanamiento de las oficinas de la Armada así como de la fábrica en la que se hicieron las tareas de reparación de ese submarino, en el marco de la denuncia presentada la semana pasada por Carrió.

La denuncia solicitó la imputación de los exministros de Defensa del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), Nilda Garré (2005-2010), Arturo Puricelli (2010-2013) y Agustín Rossi (2013-2015), por los delitos de asociación ilícita y malversación de fondos.

«Se tiene que investigar la responsabilidad de estos exministros, (pues) la matriz de corrupción en muchos ámbitos del anterior Gobierno era evidente, y a partir de muchas investigaciones, hemos visto cómo funcionarios del kirchnerismo son procesados, investigados y condenados, en el ámbito, por ejemplo, de la obra pública», añadió a esta agencia Calandri, quien confió en que se pueda «llegar a la verdad».

Desaparición del submarino ARA San Juan

La desaparición del San Juan, que navegaba con 44 tripulantes, ocurrió el 15 de noviembre poco después de que el submarino informara su última posición, a 432 kilómetros del Golfo de San Jorge (sureste).

Tras ser construido en 1982 e incorporado a la Armada argentina en 1985, el ARA San Juan fue sometido entre 2007 y 2014 a una extensa reparación de media vida en el Complejo Industrial Naval Argentino (Cinar).

Rompehielos Irízar

Las supuestas irregularidades en el arreglo de esta nave no son las únicas que propiciaron la denuncia de la diputada Carrió, sino también la del buque rompehielos Almirante Irízar, que se incendió en 2007 y cuyo arreglo se prolongó durante varios años, aclaró el abogado.

«Ese arreglo costó prácticamente lo mismo que uno nuevo», criticó Calandri, quien insistió en que estas reparaciones deben ser investigadas porque «evidentemente hubo irregularidades».

Uno de los documentos en los que se basaron para realizar esa denuncia es el informe de la Sindicatura General de la Nación, donde este órgano que controla la administración pública señala que si bien el plazo estipulado para la reparación de los buques generalmente es de dos años, en estos casos se prolongó mucho más, criticó Calandri.

Además, en el caso del San Juan, la empresa alemana Ferrostaal con la que la Armada firmó un contrato en 2005 para proveer partes y servicio técnico en el arreglo de la nave, «es una firma muy cuestionada» por supuestamente haber pagado coimas en varios países.

«Llama la atención que una empresa tan cuestionada en el mundo por coimas y por el pago de sobreprecios termina siendo la que provee las baterías del ARA San Juan y muchos elementos de las reparaciones de los buques», denunció el abogado a esta agencia.

Por su parte, Ferrostaal informó que la Armada argentina, «por motivos de ahorro», decidió no comprar baterías nuevas, sino solo renovar las celdas de esos aparatos en la reparación del ARA San Juan, publicó el periódico La Nación.

Los informes recabados indican que se registró una explosión a 30 millas de su última localización, en coincidencia con el trayecto que cursaba el submarino con destino a Mar del Plata (este).

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