Periodista de NYT abandona Colombia tras denunciar asesinatos extrajudiciales por Ejército

BOGOTÁ — El periodista estadounidense Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del diario The New York Times, dejó este domingo el país por razones de seguridad luego de que ese medio publicó el sábado un artículo de su autoría sobre el regreso de la práctica de asesinatos extrajudiciales o «falsos positivos» por parte del Ejército.

«He tenido que tomar la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer (sábado) en Twitter por (la senadora ofcialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en los últimos 24 horas», dijo Casey al diario local colombiano El Tiempo a través de correo electrónico.

La senadora, del partido derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe) publicó en Twitter dos fotografías de Casey mientras éste hacía su trabajo periodístico en medio de los entonces guerrilleros de las FARC.

«Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las FARC en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el «Ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews», escribió Cabal junto a las dos imágenes.

l trino de la senadora derivó de un articulo que The New York Times publicó el sábado en primera plana y que fue escrito por Casey bajo el título de ‘Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles’, el cual da cuenta de medidas dictadas por el alto mando militar de este país para que las tropas dupliquen en 2019 las cifras de resultados y operaciones a como dé lugar, lo que incluiría asesinatos extrajudiciales.

Casey aseguró que, con base en la consulta de documentos y declaraciones de tres altos oficiales del Ejército, en esa Fuerza «ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos», y que «las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares».

El artículo también informó de una reunión que se realizó en enero pasado con 50 generales y coroneles del país, a quienes se les entregó un documento a través del cual se les pidió que relacionaran en una columna la «suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares» de varios grupos armados durante el año anterior y que luego debían establecer una meta para el año siguiente.

Según el artículo, las órdenes del alto mando militar colombiano indicarían que para mejorar la efectividad de las operaciones militares habría que «aliarse» con grupos criminales y paramilitares, igual que como sucedió en años anteriores durante las prácticas de los «falsos positivos».

Entre los años 2002 y 2008 (durante el gobierno de Álvaro Uribe) brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de «falsos positivos», con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.

Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.

Tras conocer el trino de la senadora Cabal, The New York Times respondió al mismo en esa red social.

«Informamos de manera precisa e imparcial. En Colombia hemos escrito historias muy duras sobre las FARC, los grupos rebeldes y otras organizaciones criminales. En este caso, simplemente informamos lo que dicen los documentos escritos por el Ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos», señaló ese diario.

Por su parte, el comandante del Ejército de Colombia, Nicasio Martínez, a quien The New York Times señala de haber impartido la orden, negó que al interior de esa Fuerza exista una política que favorezca casos de «falsos positivos».

Mientras, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la denuncia publicada por ese diario.

Agencias


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