CIUDAD DE MÉXICO— El Gobierno de México se plegó a las sanciones emitidas el 26 de julio por EEUU contra 13 altos cargos venezolanos, alegando que han menoscabado la democracia y los derechos humanos, según un comunicado emitido por las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores.
«Con respecto a las sanciones anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos a diversos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia», dice el comunicado.
El 26 de julio, Washington anunció sanciones contra 13 figuras clave del Gobierno de Maduro como forma de presión para que no se lleve a cabo la elección, prevista para el 30 de julio, de los delegados a una Asamblea Nacional Constituyente que es rechazada por la oposición y criticada por la mayoría de los países de la región.
Las sanciones incluyen la confiscación de bienes y cuentas bancarias y la cancelación de visas para ingresar a EEUU.
En la breve nota titulada «Comunicado conjunto SHCP-SRE sobre Venezuela», por las siglas de los dos ministerios, el Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto deja asentada «su preocupación por la grave crisis por la que atraviesa Venezuela, y reitera su llamado al gobierno del Presidente Nicolás Maduro a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de derecho de manera pacífica».
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México añade que «Venezuela tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz reconsiderando la convocatoria a la Asamblea Constituyente y creando las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos los venezolanos».
Entre los sancionados por Washington se encuentran la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, los ministros Elías Jaua, de Educación, y Néstor Reverol, del Interior, y el defensor del Pueblo, Tarek Willliam Saab.
El resto de los penalizados son la exministra de Asuntos Penitenciarios y candidata a la constituyente Iris Varela, el tesorero nacional Carlos Malpica, el comandante del Ejército, Jesús Suárez, el comandante de la Guardia Nacional, Sergio Rivero, el director de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda, y el exdirector de la Policía, Franklin García.
También quedaron sujetos a sanciones el vicepresidente de Finanzas de la empresa Petróleos de Venezuela, Simón Zerpa, el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Rocco Albisinni, y el expresidente del Cencoex, Alejandro Fleming, ahora viceministro de Europa en el Ministerio de Exteriores.
El anuncio del Gobierno de Peña Nieto se da en medio de las acusaciones lanzadas por Maduro y su canciller Samuel Moncada a México y a Colombia por una supuesta coordinación con la CIA para intentar derrocar a la administración venezolana.
Bogotá y Ciudad de México rechazaron la acusación.
En un comunicado emitido el 26 de julio por la cancillería mexicana se afirma que el «Gobierno de Venezuela intenta distraer acusando sin fundamento a México y a Colombia».
Venezuela llevará a cabo el 30 de julio la elección de 545 constituyentes en medio de un boicot declarado por la oposición