La verdad sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela

Debido a las falsas informaciones que están siendo difundidas sobre la situación en Venezuela, la Embajada de la República Bolivariana en España ha proporcionado a Sputnik una nota que aclara los motivos detrás de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en el país latinoamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó el 1 de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado.

Los representantes de la oposición en el país calificaron la iniciativa presidencial como el «aniquilamiento» de la democracia del país, un nuevo «golpe de Estado» y llamaron a una rebelión popular para evitarlo.

«Una vez más, queda en evidencia que las divisiones en el seno de la oposición le impiden ofrecer un proyecto de país y presentarse de forma coherente a un proceso electoral de la envergadura planteada. Solo eso explica que hoy cataloguen de autogolpe la convocatoria a una Constituyente que desde 2013 ellos mismos han promovido como una de sus opciones, especialmente luego de que ganaran la mayoría de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015», comentó al respecto el documento de la Embajada de Venezuela en España.

El documento de la misión diplomática rechaza «los intentos de algunos voceros de la derecha venezolana e internacional y sus medios de comunicación de invisibilizar el carácter absolutamente democrático del Gobierno Bolivariano, endilgarle una represión inexistente y estigmatizar como violento al pueblo chavista».

Según la nota, Nicolás Maduro hizo uso de las facultades que le otorga el artículo 348 de la Constitución vigente.

La Embajada de Venezuela aclara que la convocatoria a una Asamblea Constituyente se plantea en un escenario en el que la oposición se sigue negando al diálogo y persiste en promover la violencia y el bloqueo institucional.

«La convocatoria a una Constituyente ofrece una salida pacífica, democrática y constitucional a la situación actual», sostiene la nota.

De acuerdo con la aclaratoria, se busca abrir un amplio espacio de diálogo, en el que participen todos los sectores de la vida nacional, para recomponer consensos sobre los asuntos clave para el país.

Asimismo, se subraya la intención de desarrollar un proceso de elecciones en el que todos los poderes públicos se sometan a las urnas y evitar que sectores de la oposición continúen usando la violencia con fines políticos.

«Figuras exigidas por algunos voceros políticos como unas elecciones generales o el adelanto de las elecciones presidenciales no existen en nuestra Constitución», enfatiza el documento.

Además, se hace hincapié en que la Asamblea Nacional Constituyente no conlleva a la disolución de la Asamblea Nacional, ambas entidades coexistirán, como ocurrió en el proceso Constituyente de 1999.

La oposición venezolana aseguró que la convocatoria de Maduro busca elegir arbitrariamente a un grupo de representantes desde dentro del gobierno y el chavismo para modificar la Constitución a su medida.

Sin embargo, la Embajada del país latinoamericano desmintió esta información.

«Es falso que los partidos políticos no van a poder participar en el mismo, o que se vaya a elegir a dedo a ‘unos delegados’ para redactar un texto constitucional ‘a la medida'».

De acuerdo a la legislación venezolana, corresponde al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (uno de cinco Poderes Públicos independientes), con base en la convocatoria realizada por el Presidente, pronunciarse sobre el nuevo cronograma electoral y el procedimiento que se seguirá para la elección de los constituyentes, que se estima podrían ser de unos 500 ciudadanos.

Luego de hacer el anuncio, el presidente motivó a sus seguidores, a las organizaciones populares y de la sociedad civil afín a la Revolución Bolivariana a organizarse para participar, lo cual no excluye que los sectores que le adversan hagan lo mismo, añade el documento.

La Embajada venezolana en España exhortó a la responsabilidad en la difusión de información sobre los acontecimientos en Venezuela y a que «cese el apoyo directo e indirecto a los sectores que promueven la violencia como mecanismo para derrocar a un Gobierno democrático y constitucional».

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