El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil inicia este martes un juicio que podría interrumpir el mandato del presidente Michel Temer por haber financiado ilegalmente su campaña.
Aunque el proceso abre un nuevo y explosivo capítulo en la crisis brasileña, el pleito deberá recorrer un camino plagado de obstáculos antes de llegar a un desenlace.
Con el Parlamento y los mercados a su favor para impulsar su programa de ajustes, Temer apuesta a dilatar el proceso y acercarlo lo más posible a las elecciones de octubre de 2018.
El juicio ante el máximo tribunal electoral se produce cuando aún no cicatrizan las heridas del juicio político que puso fin a un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder, mientras el nuevo gobierno conservador es bombardeado por denuncias de corrupción del fraude a Petrobras.
Temer enfrenta ahora una vieja denuncia que cuestiona la financiación de su campaña a las elecciones de 2014, en las que fue reelegido como vicepresidente junto a la mandataria Dilma Rousseff (2011-2016), destituida el año pasado por un movimiento del Congreso apoyado por él mismo.
La denuncia, irónicamente, fue presentada por el partido PSDB (centro), derrotado en 2014 y hoy estrecho aliado de Temer.
Según la acusación, Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), y Temer, del PMDB (centro-derecha), financiaron su campaña con dinero desviado de la estatal Petrobras, violaron los límites de gasto permitidos y abusaron de la maquinaria estatal para ser reelegidos.
El caso vincula los sobornos en Petrobras y el escándalo de la constructora Odebrecht con el financiamiento de la campaña.
La acción judicial, presentada cuando Rousseff y Temer eran aliados, siguió avanzando en el TSE, pero perdió interés político para el PSDB, que en los alegatos finales presentados recientemente pidió eximir al actual mandatario de cualquier responsabilidad.
– Gobierno impopular –
En teoría, el proceso podría concluir el jueves de esta misma semana. Pero cualquiera de los magistrados puede solicitar una suspensión para profundizar su estudio del informe final, de más de mil páginas.
Los abogados de los acusados también pueden solicitar una ampliación de sus defensas.
El proceso no está, sin embargo, exento de riesgos para un gobierno impopular como el de Temer.
Medios brasileños señalan que tanto el juez a cargo del caso, Herman Benjamin, como el Ministerio Público, un órgano de la Justicia que representa al pueblo, están a favor de anular el resultado electoral.
Además, la corte podría declarar inelegibles por ocho años a Temer y a Rousseff.
La defensa del presidente buscó separar sus cuentas de la exmandataria, señalando que Temer no tuvo relación con el armado financiero. Pero hay pocas expectativas de que esa moción sea aceptada.
Un fallo adverso, aunque pueda ser revertido por la corte suprema, sería un golpe duro para Temer.
Si su estrategia falla y el TSE anula el resultado electoral de 2014, la Constitución determina que el Congreso elija un nuevo presidente para terminar el mandato iniciado por Rousseff y continuado por Temer.
No obstante, algunos constitucionalistas interpretan que deben convocarse elecciones directas si la remoción del presidente se produce antes de los seis meses finales de su periodo.
Sería, en ese caso, un segundo gobierno de transición en apenas diez meses.