La filtración de un audio con declaraciones del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sobre el asesinato en Colombia de un equipo de prensa de El Comercio abre un inesperado frente para el gobierno, que asumió en mayo de 2017 levantando las banderas de la transparencia, la libertad de prensa y el combate a la corrupción.
El crimen de los tres reporteros ocurrió en abril del año pasado, pero la difusión de las grabaciones ha avivado la polémica por las implicaciones políticas y mediáticas del caso. Informes de prensa indican que en el audio de aquellos días se escucha a Moreno afirmar que no se debía hacer nada para liberar al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl Rivas y al conductor Efraín Segarra, todos miembros del equipo de prensa del diario El Comercio, el más importante del país, asesinados por un grupo ilegal armado de Colombia, en la frontera entre ese país y Ecuador. El diario estaba investigando varios episodios de violencia en esa zona limítrofe cuando desapareció su equipo de periodistas.
Moreno, en una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) celebrada el último jueves, afirmó que pedirá que se desclasifique el texto completo del audio filtrado, que corresponde a una intervención suya en una cita similar del organismo en abril del año pasado.
Dijo que esa filtración a un medio digital era una información descontextualizada y calificó como una “absoluta mentira” que él dijera que no se debió haber hecho nada para liberar a los enviados de El Comercio. Además, el mandatario hizo un llamamiento a la prensa nacional para que sea “corresponsable” con la información que dirige a la ciudadanía.
En el audio, Moreno aseguró sentir “muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación”, pero opinó: “Creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado”, para agregar luego:“Creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero creo que la dignidad de un Estado va más allá de eso”.
Esta declaración avivó la polémica sobre este caso, ya calentada por la serie de críticas sobre el proceso de investigación del secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa de El Comercio. Ortega, Rivas y Segarra desaparecieron el pasado 26 de marzo. El 13 de abril las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato del equipo y lo atribuyeron al grupo liderado por Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, disidente de la guerrilla de las FARC, abatido por fuerzas militares colombianas el pasado 22 de diciembre.
Los familiares de las víctimas han reclamado que las investigaciones del caso se profundicen y en reiteradas ocasiones han exigido que se desclasifique la información para poder esclarecer la verdad de los hechos.
Según los familiares, el audio filtrado es sólo una pieza de una serie “Basta de mentiras, basta de engaños”, reclamó Ricardo Rivas, hermano del periodista asesinado, quien dijo que Moreno ha tenido la oportunidad de demostrar en la práctica su política de transparencia y “no lo ha hecho”.
El escándalo viene a esmerilar la figura de Moreno, quien al asumir en mayo de 2017 buscó diferenciarse de su ex aliado y mentor, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), ahora devenido su principal enemigo.
Correa, quien en todo su mandato buscó acallar críticas de la prensa independiente, se apoyó en los gobiernos de la región que acabaron enlodados en graves escándalos de corrupción, como el kirchnerismo, el PT de Brasil y el chavismo en Venezuela. Pero, tras dejar el poder, se vio envuelto en varios litigios legales y la justicia pidió en julio último su prisión preventiva por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012. Correa reside actualmente en Bélgica.
Moreno, al despegarse de Correa, inició una gestión distinta. Se convirtió en un feroz crítico del ex presidente, al que acusa de haber derrochado la renta petrolera y de haber liderado un gobierno corrupto, silenciando a la disidencia. En febrero, ganó un referendo en el que la ciudadanía cortó la posibilidad del regreso al poder de Correa. Bajo ese marco, Jorge Glass, aliado de Correa y reelegido vicepresidente con Moreno, fue a la cárcel, condenado a seis años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El Clarin.com