QUITO. Casi que de la nada, Rafael Correa pasó de la academia a convertirse en el presidente más popular y poderoso de Ecuador. Hasta hace un año nadie imaginaba los tiempos aciagos que vendrían para este locuaz e irascible líder de izquierda.
Tras una década en el poder, Correa enfrenta el riesgo de ir a la cárcel por su presunta participación en el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
Economista de 55 años, Correa dejó el gobierno en mayo de 2017 en manos del que hasta ese momento era su aliado, el exvicepresidente Lenín Moreno.
Pero apenas soltó las riendas de la presidencia y partió para lo que debía ser un retiro tranquilo en Bélgica, comenzaron sus problemas.
Primero vino el divorcio político con Moreno – a quien llama el “traidor e incompetente” -, luego las acusaciones de corrupción bajo su gobierno – que tienen en la cárcel a su otro exvice Jorge Glas – y ahora la investigación penal por un secuestro en el que él niega haber participado.
Un inesperado destino para el hombre que terminó con una década de inestabilidad política en Ecuador, pero que en el camino se fue granjeando enconados adversarios en la política, la clase empresarial, los medios y hasta entre antiguos partidarios.
Inteligente y hábil, Correa pasa de la sonrisa fácil a la ira. Sus seguidores lo adoran casi que con devoción religiosa, y sus enemigos no se muerden la lengua para llamarlo déspota.
Hoy el destino lo tiene más cerca del drama de Lula da Silva – el popular líder brasileño de origen obrero encarcelado bajo acusaciones de corrupción – que del retiro tranquilo al que decía aspirar cuando se fue de Ecuador.
Correa llegó al poder sin una carrera política después de ser ministro de Finanzas por tres meses en 2005.
Bajo su gobierno, logró sacar adelante una nueva Constitución, se peleó incansablemente con la prensa que consideraba “mediocre y corrupta”, y desafió abiertamente a Estados Unidos con la expulsión de diplomáticos y la no renovación de un convenio para que opere una base antidrogas.
Uno de los hombres que se decían simpatizantes de su proyecto de izquierda, terminó convirtiéndose en la cuña que más lo aprieta.
Fernando Balda, un exdiputado suplente de la oposición tras ser parte del oficialismo, lo acusa de ordenar su momentáneo secuestro cuando estaba refugiado en Bogotá en 2012.
Aunque cinco personas alcanzaron a subirlo a la fuerza en un automóvil, la policía colombiana interceptó el vehículo y logró la inmediata liberación del exparlamentario.
La Fiscalía investiga al exgobernante por la presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro, mientras que la justicia dispuso su prisión preventiva y activó una circular roja para que la Interpol le ubique con fines de extradición.
Correa vive en Bélgica junto a su familia y viaja por Europa y América dictando charlas académicas.
La instrucción fiscal todavía está en curso y Correa, un economista que de estudiante fue dirigente, podría ser sobreseído en el caso por el que ya están detenidos tres agentes y un excomandante de la Policía.
También pesa orden de prisión sobre un exjefe de la Secretaría de Inteligencia que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.
“Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó siete horas el día anterior con el fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre a Balda”, expresó el exmandatario el miércoles a la AFP en Bruselas.
Correa, quien logró 14 triunfos electorales en línea desde 2006, “genera sentimientos encontrados. Siempre los generó. El hecho es que él no tuvo la sagacidad política para manejarlos adecuadamente”, dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe.
Añadió que “no consiguió solo el temor de muchos actores, sino el odio y eso es muy peligroso para un político”.
Correa no duda que detrás de su mal momento está Moreno.
El exmandatario, quien se desafilió del partido oficialista que fundó al ver perdida su batalla con Moreno por el control legislativo, podría ser llevado a la fuerza al banquillo de los acusados por el supuesto delito de secuestro, condenado con al menos cinco años de cárcel en Ecuador.
Para ser juzgado debe estar presente o permanecer prófugo hasta que prescriba la causa.
“Sería casi un suicidio en las condiciones actuales” volver al país, dijo el carismático exlíder de la “Revolución Ciudadana”.