Brache reclama que las ventas de la industria nacional a zonas francas y al sector turístico tengan el mismo trato impositivo que tienen las compras a suplidores extranjeros
El factor más importante para que un país receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) genere encadenamientos productivos en el área de manufactura es la disponibilidad de suplidores confiables en calidad y costos; lo que requiere un ambiente de negocio adecuado y una estabilidad económica y social en el país receptor, según indica el estudio “Fomento de Encadenamientos Productivos en el País”, el cual fue presentado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN).
El estudio indica que “las políticas de atracción de inversión extranjera, la focalización regional y por sectores claves representan instrumentos vitales en el desarrollo de los encadenamientos”.
Señala el informe que es necesario enfocar esfuerzos para que las empresas ubicadas en actividades receptoras de IED y en regímenes especializados como zonas francas no operen como enclaves.
El estudio fue hecho por los consultores Pavel Isa Contreras, Elka Scheker, Lynette Batista y Danny Rodríguez quienes presentaron los resultados más relevantes en el Desayuno Temático titulado “Dificultades para fomentar los encadenamientos productivos en República Dominicana”.
Obstáculos o limitaciones al desarrollo de los encadenamientos productivos
Los obstáculos más relevantes con los cuales cuentan los encadenamientos productivos son la desconexión entre la IED y la acumulación de capacidades locales, el hecho de que los grandes exportadores actúan como enclaves sin derrames tecnológicos ni relacionamiento con la industria nacional. Además, altos niveles de desconfianza, falta de coherencia en políticas públicas y políticas de desarrollo productivo que mejoren las capacidades de las empresas locales y un régimen de incentivos con alto sesgo favorable a la importación de insumos.
Considera que República Dominicana perdió una oportunidad ya que los incentivos promovidos por las leyes dominicanas no tuvieron como propósito ni condición desarrollar el aparato productivo nacional, enlazar las actividades exportadoras con las productivas ni las inversiones con las necesidades industriales locales.
“Por tanto no imponían requisitos de desempeño basados en contenido local, proveedores nacionales, contratación nacional o transferencias de conocimiento y tecnología, RD solo exigía porcentaje exportado”, explica el informe, y añade que estos incentivos tampoco consideraron para su gradualidad el tipo de inversión o los montos, además de que la renovación de los mismos se realiza de forma automática, sin evaluación de desempeño o metas.
De modo enfático el estudio indica que las leyes de incentivos vigentes promueven la facilidad para importar y dificultan las compras locales (entre esas leyes se encuentran la Ley 8-90 que crea zonas francas de exportación; Ley 84-99 de reactivación de exportaciones; Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico; Ley 28-01 para el Desarrollo Fronterizo).
“El desarrollo de una cadena de valor, sea comercial o productiva requiere, en la práctica, de enlazar transacciones como compra-venta de insumos, bienes intermedios y servicios (transporte, empaque, etc)”, señala el estudio. Indica que “Estas compra-ventas cuando se efectúan con empresas del mercado local requieren de facturas con comprobante fiscal especial para poder vender sin ITBIS y luego no pueden compensar el ITBIS que deben adelantar en la adquisición de sus insumos y servicios utilizados en el proceso productivo”.
Para lograr el crédito del ITBIS avanzado las empresas deben seguir las normas establecidas por la DGII, aun sean reconocidas como exportadoras o estén calificadas por PROINDUSTRIA para recibir facilidades.
“Los nuevos impuestos de la Ley 139-11, varios artículos de la Ley 392-07 dedicados a fomentar los parques y distritos industriales, el trato equivalente para las compras locales hechas por empresas que se benefician de regímenes de exención fiscal, el establecimiento de centros de acopio y el procesamiento parcial no cuentan con aplicación real”.
A pesar de que el sector industrial nacional cuenta con la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, a 10 años de aplicación de la Ley la mayoría de sus instrumentos no se han desarrollado; aquellos que se aplicaron se vieron primero suspendidos y luego fueron limitados lo que respecta a su alcance original.
Brache: un mismo trato impositivo
Julio Virgilio Brache, vicepresidente de la AIRD, al tener las palabras iniciales de la actividad, señaló que para fomentar los encadenamientos productivos “es un gran reto que las industrias nacionales para ser competitivas cuenten –como parte de un ecosistema favorable- con la posibilidad de tener el mismo trato impositivo que tienen las compras a suplidores extranjeros por parte de las zonas francas y del sector turístico, y no que las empresas locales se vean obligadas a asumir impuestos de importación y un ITBIS que no pueden compensar al realizar estas ventas. El gran reto es que las autoridades puedan resolver esta situación para facilitar y promover los encadenamientos y hacer esto una política de Estado real, para generar mayor valor agregado nacional”.
Dijo que el ecosistema de negocios debe hacer ajustes importantes para que esto sea posible.
Sobre el potencial del fomento de encadenamientos productivos, y a modo de ejemplo, señaló que las zonas francas dominicanas importaron, el año pasado, más de US$4,000 millones. Sin embargo, sólo compraron cerca del 20% en el mercado local. “Es decir, que existe ahí un potencial de US$3,200 millones, más de 150 mil millones de pesos, una buena parte de los cuales podrían ser suplidos por empresas locales. Igualmente se podrían generar grandes oportunidades en relación al sector turístico”, dijo.
Brache animó a los industriales dominicanos a visualizar los encadenamientos productivos como una estrategia clara que favorece su eficiencia y promueve relaciones comerciales de largo plazo, que permite producir a una mayor capacidad o incrementar la capacidad instalada y que abre puertas a nuevos mercados.