Por Mario Rivadulla
La reveladora escena que quedó grabada en la cámara instalada en la barbería de Villa Vásquez donde tuvo lugar el suceso, el testimonio de la persona a la cual se le pagó para plantar la droga, el trabajo de campo de investigación llevado a cabo por Bolívar Sánchez, Inspector General de la Procuraduría, la inmediata renuncia de la ex fiscalizadora Lisett Núñez para evitar el juicio disciplinario y como colofón su frustrado y precipitado propósito de salir del país en lo que a todas luces semejó un intento de fuga, constituyen un abrumador fardo de sospechas contra ella y de pruebas incriminatorias contra los cinco agentes de la DNCD que protagonizaron el hecho cancelados y sometidos a la justicia. Por determinar y dar a conocer el motivo específico y la víctima escogida que motivó su acción.
Ahora bien. No hay por qué escandalizarse como si se tratase un hecho aislado y la primera vez que ocurre, y no por el contrario una práctica frecuente y frecuentemente denunciada, en algunos casos con la evidencia concluyente de un revelador testimonio fílmico tal como ocurrió en el publicitado caso de Moca, cuando a un destacado activista social le plantaron drogas en su automóvil.
A lo anterior se suma las muchas ocasiones en que los medios de prensa y redes sociales se han hecho eco de denuncias comunitarias de presunta complicidad de los agentes antinarcóticos y policiales para brindar protección a puntos de drogas con el fin de que puedan realizar sus operaciones ilícitas a cubierto de riesgos a cambio del pago de peaje que dependiendo de su nivel de venta puede resultar en cantidades sustanciosas.
Es una acusación que por reiterada pasa sin dejar huella ni promover aclaración ni desmentido, y que en gran parte se sustenta por el hecho de que las propias autoridades la alimentan en la medida en que afirman que en el país hay 30 mil puntos de drogas, lo cual supone que las han contabilizado para lo cual también es de suponer que saben donde se encuentran, y que por consiguiente motivan a preguntar si saben cuantas son y donde están ubicadas por cual razón no han sido desmanteladas y sometidos los responsables, y en cambio continúan operando como si tal.
Pero la práctica deshonesta de apelar al abusado procedimiento de generar falsos positivos a base de plantar drogas con fines incriminatorios no es exclusiva de los agentes supuestos perseguir y someter a los traficantes. Ocurre también desde siempre en el caso de la Policía, aunque bajo otra modalidad no menos ilegal.
¿Acaso se ignora las muchas veces que agentes de la uniformada, sobre todo en los barrios, practican detenciones arbitrarias para exigir rescate a cambio de la libertad de los apresados? Son acciones que en la mayoría de los casos quedan arropados de impunidad, dado que las víctimas temen sufrir de represalias si las hacen de conocimiento público. Además, ¿adónde van a acudir a denunciar el hecho cuando es la propia autoridad la que comete el atropello?
La sagaz colega Inés Aizpún en su Antes del Meridiano de hoy en el Diario Libre al enfocar el caso de Villa Vásquez considera que tomando como ejemplo la previsión del propietario de la barbería, otros muchos pequeños y medianos negocios instalarán cámaras a su vez como medida de protección. Sería una medida prudente y una forma de protegerse de los maleantes y de los atropellos de autoridades desaprensivas como en este caso.
Pero a fin de cuentas no deja de ser vergonzoso que tengan que ser los ciudadanos los que deban cuidarse no solo de los delincuentes sino de quienes están llamados a combatirlos y perseguirlos, cumpliendo su deber de proteger a la ciudadanía en vez de atracarla y extorsionarla.
Es mas que evidente que a más de depurar sus filas de elementos indeseables tanto el cuerpo policial como los demás organismos uniformados, principalmente la DNCD, tienen que ser más estrictos y celosos en cuidar la calidad del personal que reclutan, y luego la de mantener un minucioso monitoreo sobre su comportamiento.
Como bien apuntó la Vicepresidenta Margarita Cedeño al comentar el escandaloso caso de Villa Vásquez, la autoridad tiene que tratar de recuperar la perdida confianza de la ciudadanía como vía de conseguir su colaboración, indispensable por demás para contribuir a mejorar los muy cuestionados niveles de seguridad pública.
Lamentablemente esa confianza desde hace tiempo y ahora mismo se encuentra en un escalón demasiado bajo para poder lograrlo.