El Gobierno y la selección de sus funcionarios

Por Claudio Acevedo

A nivel empresarial, la eficacia de los criterios de selección de personal se mide por los aciertos en la escogencia de quienes integran el mando gerencial, empleados operativos, personal de oficina, etc. Dichos criterios y normas, cuando se tienen y se aplican, arrojan luz sobre quiénes deben entrar y quiénes deben ser excluidos de la composición dirigencial.

Para ello se toma en cuenta la experiencia, capacitación, conocimientos, competencia técnica o profesional, méritos, hoja de vida, pulcritud personal y buen comportamiento. Todo esto reduce las posibilidades de equívocos, llevándolos a su mínima expresión.

Cada equivocación cometida y que da origen a un despido, significa un pequeño fracaso administrativo, una pérdida de tiempo y recursos. Y si se escoge a un personal muy ajeno a las funciones a desempeñar, como ocurre con frecuencia en el tren gubernamental del país, esto aumenta el costo de aprendizaje, que se pierde con cada funcionario que no da la talla técnica o moral.

Por eso, las empresas se esmeran en su política de selección de personal, a sabiendas de que en ello se juega el éxito de la empresa. Tenemos un presidente empresario que sabe esto muy bien, y porque lo entiende así, se supone que debiera aplicar estos mismos criterios en el gobierno para no andar haciendo correcciones sobre errores prevenibles.

Pero al parecer, esto último no está ocurriendo, dadas las veces que el personal ejecutivo del gobierno es despedido por ineptitud, por meter la pata o las manos, o ambas a la vez, en el manejo de los fondos del erario público y por desaseos éticos-morales.

La buena gerencia se juzga por los resultados. No es mejor la que más corrige o enmienda, sino la que menos comete equivocaciones. Las medidas correctivas son buenas, pero mejor es si se hacen innecesarias.

Si el gobierno busca proyectar una imagen de transparencia, probidad moral y eficiencia, debe seleccionar funcionarios que estén alineados con ese propósito, objetivo que parece que no han entendido muy bien quienes han sido atrapados en juegos sucios.

Si miramos la cantidad de personas impropias en cargos públicos como gobernadores, funcionarios y jefes policiales, diestros en estupideces, veremos que los criterios de selección con que fueron llevados a sus puestos no están en consonancia con la brújula que orienta la actual administración palaciega.

El cúmulo de desviaciones de los funcionarios cesanteados, indica que el gobierno está escogiendo mal en su política de selección de personal. Y para ponerle la tapa al pomo, ahora nos gastamos un nuevo director policial, llamado a poner en ejecución la reforma policial, que se destapa con declaraciones que cuestionan su capacidad ejecutiva para llevarlas a cabo.

Tantos desaciertos en el nombramiento de funcionarios, en tan breve periodo de gobierno, refleja la inexistencia de parámetros, evaluaciones y procesos selectivos claros para escoger a servidores idóneos en la administración pública.

Pero el problema del Estado dominicano es que prima la alienación política, el amiguismo, los intereses y los compromisos previos del grupo que lo controla, ante que la conveniencia nacional. Y esto no ha cambiado, ni se percibe que cambiará en el actual contexto histórico, por más buenas intenciones que se aparenten.

En conclusión, cuando se acumulan los yerros y sus consecuencias producto de malas decisiones en las selecciones ministeriales, deben revisarse los criterios y mecanismos electivos de la burocracia estatal. Y aun cuando esto no garantiza al cien por ciento la certeza total, por lo menos reduce los niveles de incertidumbre, al filtrar y depurar mejor a quienes componen el aparato administrativo.

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