El control de armas de fuego en EE.UU., un debate constantemente pospuesto

Washington.- Después de cada matanza, EE.UU. se sumerge en el mismo ritual: algunos sectores de la sociedad piden restringir la venta de armas, mientras que otros -encabezados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA)- ven su derecho amenazado y arremeten contra cualquier intento de limitarlo.

Este fin de semana, en menos de 24 horas y a más de 2.500 kilómetros de distancia entre sí, dos hombres blancos usaron fusiles de asalto para disparar contra los vecinos que compraban en un centro comercial de El Paso (Texas) o se divertían en una zona de ocio de Dayton (Ohio), dejando en total 31 muertos.

Para el presidente de EE.UU., Donald Trump, el problema no es la capacidad de sus conciudadanos para comprar armas diseñadas para la guerra, sino los desequilibrios mentales de “unos monstruos”.

Hasta ahora, la Administración Trump ha hecho dos propuestas: la aprobación de leyes estatales que permitan a un juez prohibir la posesión de armas a personas con enfermedades mentales y la imposición de la pena de muerte para aquellos que cometen crímenes de odio o tiroteos masivos.

Esa última propuesta se produce justo cuando las autoridades de El Paso investigan si el tiroteo que ocurrió en esa ciudad puede ser considerado “un crimen de odio”.

Minutos antes de comenzar a disparar, el autor del tiroteo en El Paso, Patrick Crusius, supuestamente publicó en internet un manifiesto racista en el que aseguraba que su ataque, que ha dejado 22 muertos, era una “respuesta a la invasión hispana de Texas”, estado fronterizo con México.

El documento usa el lenguaje que el mandatario ha empleado en varias ocasiones para referirse a la comunidad hispana, especialmente en sus discursos de campaña. Trump ha llamado “animales” a los inmigrantes y ha afirmado que la inmigración procedente de Latinoamérica es una “invasión” contra EE.UU.

Frente a ello, gran parte de la veintena de candidatos demócratas a las elecciones de 2020 han echado la culpa a Trump y lo han acusado de estar promoviendo el racismo.

Incluso, en un comunicado, el expresidente Barack Obama instó este lunes a los estadounidenses a “rechazar por completo el lenguaje que sale de la boca de cualquier líder que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentimientos racistas”, en un comentario que parecía aludir a Trump, aunque no lo mencionaba por su nombre.

Este martes, Trump se dio por aludido y respondió a Obama con una cita del presentador Brian Kilmeade de la cadena conservadora Fox.

“El presidente Obama tuvo 32 tiroteos masivos durante su mandato. No mucha gente dijo que Obama estuviera fuera de control”, afirmó el mandatario citando a Kilmeade y tratando de hacer frente a quienes lo acusan de haber incitado al odio con su discurso contra la inmigración.

Entretanto, miembros del Gobierno de Trump, como el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, aprovecharon para solicitar más recursos para combatir el terrorismo doméstico.

La Asociación de Agentes del FBI se hizo eco de esas peticiones y consideró este martes que el Congreso debe tomar medidas para que los delitos que comenten los nacionalistas y supremacistas blancos dentro de EE.UU. sean considerados igual de graves que aquellos que perpetran los yihadistas en el extranjero.

“Los actos de violencia que buscan intimidar a la población civil o influir o afectar las políticas del Gobierno deben ser perseguidos judicialmente como terroristas domésticos sin importar la ideología que esté detrás de ello”, afirmó en un comunicado la asociación, que agrupa a 14.000 policías federales en activo o retirados.

De esa forma, EE.UU. ha vuelto a sustituir el debate sobre el control de armas por discusiones en torno al terrorismo doméstico o la posesión de pistolas por parte de quienes sufren enfermedades mentales.

En EE.UU., donde viven 319 millones de personas, las pistolas exceden el número de habitantes. En concreto, la proporción de armas por cada 100 personas asciende a 120, según recoge “The Small Arms Survey”, un estudio elaborado por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra (Suiza).

Los cambios siguen moviéndose exclusivamente a nivel estatal. Este martes, el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, anunció que impulsará una ley que permitirá que las autoridades arrebaten las armas a aquellas personas que sean consideradas por un juez como un potencial peligro.

DeWine hizo ese anuncio después de que, en la noche del domingo, durante una vigilia por el tiroteo en Dayton, cientos de vecinos le reprocharan su apoyo a la Asociación Nacional del Rifle y le gritaran:”¡Haga algo!”, “¡Cambie algo!”.

A nivel federal, el Congreso lleva más de dos décadas sin aprobar una ley que limite significativamente la posesión de armas.

EFE

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