Cómo en Bolivia se hizo lo que en Venezuela no se logró

Por Marco Teruggi

Añez, autoproclamada presidenta de Bolivia, ocupó el rol que Juan Guaidó estaba llamado a cumplir en Venezuela y no logró llevar adelante. Era una dirigente de segunda línea de la oposición, al igual que Guaidó, que, por una conjunción de circunstancias ocupó un papel central en la superficie del golpe de Estado que obligó al presidente Evo Morales a renunciar el pasado 10 de noviembre.

No es la única coincidencia entre ambos golpes de Estado. Ambos procesos de desestabilización parecen responder a una misma planilla de pasos a realizar con actores y discursos repetidos, tanto en las profundidades del poder real como en las superficies.

«Es un método aplicable a cualquier de nuestros procesos revolucionarios, hemos estudiado los métodos, los pasos de las guerras de nueva generación, en algunos casos les ha dado la mitad del resultado, en otros el resultado completo, en Venezuela esto no ha sido posible», explica Cris González, embajadora de Venezuela en Bolivia que se encuentra actualmente en Caracas.

El paralelismo entre ambos procesos golpista inicia desde el punto de apoyo del proceso golpista: la matriz del fraude.

El punto de apoyo

«En Bolivia se comenzó a hablar de fraude mucho antes de las elecciones, se denunciaba que iba a haber un fraude el día 20, ese mismo día se habló de fraude y ya una gran cantidad de población aceptaba la idea de que iba a haberlo sin que se hubiera emitido el primer cómputo», analiza González.

Ese fue el punto de apoyo para convocar y legitimar las movilizaciones que se pusieron en marcha desde antes de saberse el resultado electoral. La idea había sido repetida a través de los grandes medios para instalarse en el imaginario de segmentos importantes de la sociedad boliviana.

Ese mismo método fue aplicado de manera sistemática en Venezuela desde los primeros años de la revolución. Fue bajo la fachada de existiría un fraude que el sector golpista de la derecha no se presentó a las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018 que dieron la victoria presidencial de Nicolás Maduro. El objetivo era no reconocerlo, declararlo dictador, y a partir de ese punto de apoyo construir la arquitectura del gobierno paralelo que se puso en marcha con la autoproclamación de Guaidó el 23 de enero de este año.

La violencia y su negación

Bajo la construcción de la idea de fraude se logró movilizar a un sector de la población boliviana, junto con lo cual fueron activados grupos de confrontación callejera. Eso fue particularmente visible en las ciudades de Santa Cruz y de Cochabamba durante la escalada golpistaque se inició el 20 de octubre y forzó a Morales a renunciar el 10 de noviembre.

En Cochabamba, por ejemplo, fueron grabados testimonios de cómo los grupos de derecha se desplazaban en decenas y hasta centenares de motos para perseguir a los partidarios del proceso liderado por Morales y quienes fueran indígenas.

«Nunca habían visto la utilización de bazucas artesanales en una protesta y la participación de los motorizados armados que fue uno de los fenómenos del proceso de golpe en esa zona», explica Cris González.

Tanto en Cochabamba como Chasquipampa, donde tuvo lugar la primera masacre luego del 10 de noviembre, fue denunciada por habitantes de la zona la presencia de venezolanos al frente de los grupos de choque. El tipo de armamento, modo de desplazamiento, y lógicas de confrontación fueron similares a las empleadas en Venezuela en los años 2014 y 2017 en las llamadas guarimbas.

No fue lo único: al igual que en el intento de derrocamiento de Maduro del 2017, se puso en marcha la persecución de dirigentes políticos y sociales parte del proceso de cambio, así como de ataques a medios de comunicación. Sus casas fueron marcadas, quemadas, ellos mismos fueron golpeados —como el caso de la alcaldesa de Vinto— así como fue atacado el canal Bolivia TV y la Radio Patria Nueva, donde su director fue atado a un árbol.

La derecha boliviana, como la venezolana, negó toda su violencia. Esa mentira pudo ser sostenida por los medios de comunicación nacionales e internacionales que tuvieron, entre otras tareas, invisibilizarla.

El derrocamiento y el gobierno de transición

Evo Morales fue forzado a renunciar junto al vicepresidente Álvaro García Linera. Es lo que Guaidó ha llamado el «cese de la usurpación», lo que nunca logró desde que lo anunció a principio de este año. A partir de ese momento se puso en marcha en Bolivia el segundo paso anunciado una y otra vez en la estrategia golpista venezolana: el «gobierno de transición».

Esto último significó centralmente dos cosas. En primer lugar, autoproclamar a Añez como presidenta y nombrar un gobierno de facto, reconocido por Estados Unidos (EEUU), la Organización de Estados Americanos (OEA), gobiernos de derecha de América Latina, y, de hecho, por la Unión Europea. Esa legitimación implicó a su vez la negación del carácter de golpe de Estado.

Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia, y Jorge Quiroga Ramírez, presidente boliviano entre 2001 y 2002

Una de las principales tareas del gobierno de facto fue desplegar a gran escala un proceso de persecución a través de la Fuerza Armada Bolivia y la Policía Nacional Boliviana, lo que se tradujo en tres masacres y 35 muertos reconocidos por el momento.

Junto con esto fueron amenazados de forma pública por el gobierno de facto los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), periodistas, dirigentes políticos, ex funcionarios, organismos de derechos humanos y movimientos sociales venidos desde Argentina para registrar la situación en el país, entre otros.

«El gobierno de transición» significó entonces, y en eso avanza, una restauración del antiguo orden, una operación hecha con impunidad debido a la ruptura del Estado de derecho, con persecución sobre los opositores, es decir el MAS, dirigentes de movimientos, políticos. Esas son las condiciones que necesita el golpe de Estado para el tercer paso: las «elecciones libres»

Elecciones en puerta

Añez afirmó desde el primer momento, al igual que en el discurso de Guaidó, que convocaría a elecciones y que su rol es de intinerato. Como podía anticiparse, uno de los puntos centrales es que no se permitirá que participen Evo Morales y Álvaro García Linera de las elecciones que vendrán. En cuando al MAS, partido al cual pertenecen, por el momento podrían participar.

La OEA, como se prevé, convalidará las elecciones como parte de la legitimación del golpe de Estado. Cris González se detiene e insiste sobre el rol que ha cumplido la OEA como instrumento central de acción de EEUU, brazo de la política exterior norteamericana. Eso no solamente ha ocurrido en Bolivia sino también en Venezuela, donde los gobiernos de derecha de la OEA y en particular su secretario general, Luis Almagro, han sentado en la mesa del organismo al representante de Guaidó.

El golpe en Bolivia es un espejo para Venezuela: anticipa lo que pasaría en caso de que triunfase la estrategia que tiene a Guaidó de superficie y que enfrenta su peor crisis desde que se autoproclamó.

González asegura que la estrategia golpista no se detendrá. «Aquí hay una convicción de quien es el enemigo real para la gente: EEUU». Eso significa que se puede esperar que vendrán nuevas acciones con el gobierno, el proceso político, el país, lo que se traducirá tanto en la agudización del bloqueo económico, como en posibles acciones que hasta ahora no se han visto.

«¿Qué les queda? Las armas de mayor destrucción que han dejado una estela de dolor, sangre y muerte en Medio Oriente y el continente debe estar preparado para rechazar esto, no podemos permitir que nuestro continente se convierta en zona de guerra», afirma Cris González.

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