Biden tropieza con el casi medio millón de dólares para los inmigrantes “separados”

Alfredo Jalife-Rahme

Biden politizó demasiado su agenda migratoria y, más que cometer errores, es obligado a modificarla continuamente por la oposición de los republicanos y su tropiezo electoral en Virginia, como es el caso de su promesa de otorgar casi medio millón de dólares a los migrantes “separados” de sus familias por la política antimigratoria de Trump.

La cuestión migratoria en EEUU se ha vuelto un incandescente tema electorero que ha apartado aún más la brecha entre demócratas y republicanos, no se diga entre sus dos primeros estados geoeconómicos, ambos transfrontera con México: California, con una política promigratoria, y Texas, con una política antimigratoria.

La administración Biden ha dado muchas piruetas con varios cambios de enfoque, gestión y hasta de sus responsables asignados.

Ha sido evidente que el partido Demócrata busca(ba) atraer a los migrantes de México y Centroamérica con el fin de diluir lo que denominan el supremacismo blanco de los WASP (White Anglo-Saxon Protestant), cuya aplastante mayoría pertenece al Partido Republicano, en particular al trumpismo, que es notoriamente antimigrante.

Los estrategas de ambos partidos vislumbran desde ahora el dinámico horizonte demográfico cuando el segmento hoy centennial en EEUU crece en forma exponencial, mientras el rubro de los blancos decrece en forma dramática.

En este tenor, cabe señalar las volteretas poco acrobáticas y agraciadas del hoy atribulado presidente Biden, quien se ha contradicho varias veces sobre la compensación de 450.000 dólares por persona  —que puede alcanzar un millón de dólares por familia— de las familias de inmigrantes “separadas” durante la administración Trump, según reportó el 28 de octubre The Wall Street Journal, con base en filtraciones del Departamento de Justicia, Seguridad del Hogar, y Servicios Humanos y de Salud.

Se calcula que alrededor de 5.500 niños fueron “separados” en forma inhumana en la transfrontera con México por la administración Trump, lo cual pudiera arrojar una cifra compensatoria de alrededor de 2.500 millones de dólares en su totalidad, y ha erizado los cabellos de la feroz oposición del Partido Republicano.

Hoy los querellantes en los juzgados solicitan 3,4 millones por familia, lo que significaría un hipotético pago total de casi 20.000 millones de dólares.A mi juicio, es probable, como suele suceder en los litigios en EEUU, que se alcancen arreglos que disminuyan la abultada cantidad formulada por los querellantes.

Entre los representantes de los querellantes se encuentra  la poderosa ACLU —American Civil Liberties Union; el Sindicado Estadunidense de Libertades Civiles— que, por cierto, despotricó contra la reciente voltereta de Biden al renegar de una de sus principales promesas de campaña.

En el sistema exageradamente legaloide de EEUU sus abogados piratas se han aprovechado de esta inhumana situación politizada y judicializada para entablar juicios de las familias en contra del Gobierno, aduciendo “trauma psicológico duradero” —lo cual es más que real, y que en psicología se conoce como el síndrome de privación cuando los vástagos son afectados por la separación de sus padres—.Desde que Biden llegó al poder hace un año prometió reunir a las familias “separadas” por Trump, llegando hasta a formar una aparatosa Task-Force para tal cometido y que no sirvió para nada.

Biden criticó a Trump por la separación de las familias que tildó de “vergüenza nacional y moral”.

Pero no es lo mismo hoy Biden, que hace un año, cuando acaba de ocurrir su debacle tectónica en Virginia que hizo virar la extremista agenda de los Demócratas más al centro del espectro político, mientras a escala nacional EEUU giró al centro-derecha, cuyo reflejo es el “efecto Virginia”.

Como era de esperarse, después de la debacle en Virginia, donde triunfó el desconocido banquero republicano Glenn Youngkin, proveniente del Grupo Carlyle, Biden calificó de “basura” y “mentira” la supuesta compensación de casi medio millón de dólares por persona.

SegúnThe Washington Post, las dos partes litigantes, el Departamento de Justicia y ACLU siguen negociando para conseguir un arreglo pese al rotundo rechazo del presidente Biden sobre una inexistente compensación.

Por su parte, Jesse Bless, director de litigios de la American Immigration Lawyers Association, juzga que a la administración Biden le conviene arreglar el penoso asunto de los inmigrantes “separados” de sus familias, según The Washington Post.Ante tanta pirueta y voltereta de Biden, una de las encargadas de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre echó una nada graciosa reversa al diluir la negación del presidente Biden y cuya compensación, en caso de un arreglo, sería menor a los 450.000 dólares por persona).

El feroz rechazo de los republicanos no se hizo esperar. El líder de la minoría republicana en el senado, Mitch McConnell, se opone tajantemente a las supuestas compensaciones del presidente Biden, al unísono de otros 11 senadores republicanos quienes instaron al presidente a cesar las negociaciones para arreglar los juicios.

McConnell se fue a la yugular de los demócratas: “Honestamente, esta idea absurda parece una propuesta política satírica que los republicanos habrían inventado para hacer una parodia de la izquierda radical”.

Se detecta que los republicanos han empezado a entrenarse desde ahora con apropiadas frases mercadotécnicas para acorralar la política migratoria de la administración Biden de cara a las elecciones legislativas de noviembre del 2022.

Según BorderReport, la carta de los senadores republicanos —entre ellos el muy influyente Lindsey Graham de Carolina del Sur— a Biden, refiere que “premiar la inmigración ilegal con pagos financieros va en contra de nuestras leyes y solo serviría para alentar más ilegales en nuestra frontera”.

La oposición de los senadores republicanos afirma en tono vehemente que “por lo pronto este año, esta Administración ha proseguido políticas fronterizas que han socavado nuestra seguridad nacional, y han creado una crisis prevenible en la transfrontera de EEUU y México”.

Cabe señalar que las detenciones de inmigrantes en la transfrontera con México han alcanzado el récord de 1.7 millones para el año fiscal 2021.

Las críticas son legión del lado republicano, donde el senador por Iowa Joni Ernstfustiga que “el plan Biden otorgaría más dinero a los inmigrantes ilegales del que las familias Estrella Oro reciben después de la muerte en acción de un familiar”.

“El horno no está para bollos” cuando el pugnaz gobernador de Florida, Ron de Santis, considerado como el probable sucesor de Trump, arremetió contra Biden, a quien criticó de preocuparse más sobre los migrantes bielorrusos en la frontera de Polonia que con los migrantes que han llegado supuestamente a Florida en “vuelos clandestinos” y a quienes piensa deportar al estado republicano de Delaware, feudo electoral del presidente.

Sea lo que fuere, la política migratoria es ya uno de los principales tópicos de la campaña electoral venidera.

Ante una situación migratoria tan tensa en un año sensiblemente preelectoral, suena muy difícil que el presidente Biden pueda legalizar a 11 millones de indocumentados, mucho menos después de la debacle de los demócratas en Virginia.

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