Mario Rivadulla
Sobrada razón le asiste a la Asociación Dominicana de Embotelladores de Aguas Purificadas (ADEAGUA), al reclamar por boca de su presidente, David Toribio Lantigua, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo de a conocer los nombres de las empresas envasadoras de aguas comercializadas y las provincias donde operan que dieron positivo en la evaluación llevada a cabo por su Departamento de Microbiología.
Ese importante trabajo de investigación por cuanto involucra la salud de los usuarios, dejó en evidencia que una tercera parte de los 130 envases analizados de compañías que operan en trece provincias del país presentan niveles de contaminación, y no son aptos por consiguiente para albergar agua destinada al consumo humano.
Vale recordar que no es la primera vez que la prensa se ha hecho eco de situaciones similares que anteriormente, en más de una ocasión, ha llevado al cierre temporal de plantas envasadoras de agua, ya fuera por este mismo motivo, ya por haberse detectado anomalías en el proceso de purificación, la manipulación o el envasado. La reapertura de la operación en cada caso quedó condicionada a la corrección de las fallas.
Al reclamar que la investigación uasdiana de a conocer las procesadoras donde se detectaron las fallas, el presidente de ADEAGUA argumenta con toda razón, que al no identificar las mismas arroja dudas y deja en evidencia indebida la imagen colectiva de un sector que agrupa mil 700 empresas distribuidoras de agua purificada en todo el territorio nacional. Estas cumplen con las normas establecidas, mientras enfrentan la competencia desleal y la falta de controles sobre las que operan de manera clandestina sin aplicar en lo absoluto las normas que garanticen las buenas prácticas de manufactura y un consumo seguro.
El hecho de que en el país exista tal cantidad de empresas purificadoras de agua da una idea del gran mercado que abastecen. Prácticamente no existe una sola familia de clase media alta, media media y media baja que no se supla de agua tratada. Aún en familias de más bajos ingresos, hay las que incluyen en su limitado presupuesto la compra de agua envasada.
En nuestro medio son frecuentes las denuncias, sobre todo en el campo político, donde se dan a conocer los nombres de los supuestos autores de hechos punibles sin el endoso de las pruebas que las sustenten. Este es un caso a la inversa, donde se han dado a la luz pública las pruebas de las irregularidades, pero falta por dar a conocer los nombres de los involucrados. El trabajo de investigación ha sido valioso y la denuncia grave pero incompleta.
El agua es recurso vital y fuente de vida. Pero también puede serlo en cambio de agente transmisor de enfermedades, aún graves y hasta letales, dependiendo de su posible nivel de contaminación.
De ahí la importancia y necesidad de que a más de llevar a inmediato conocimiento de las autoridades correspondientes los resultados de la investigación realizada por los microbiólogos de la UASD que comentamos, se den a conocer los nombres de las envasadoras en falta y se proceda a su clausura inmediata hasta tanto en tanto no quede evidencia fehaciente de estar en condiciones de operar con seguridad.
Oportunidad de paso, además, para insistir en la necesidad de mantener un constante programa de monitoreo de la calidad de las aguas que sirven las empresas registradas como purificadoras como garantía de consumo seguro por parte de los usuarios. Tal debe figurar como prioridad y tarea permanente en la agenda de las autoridades sanitarias.
Y resulta también material de referencia para la labor que compete a “Pro Consumidor”.